Violencia del crimen organizado en Ecuador: al menos nueve muertos y tres heridos tras enfrentamiento entre bandas narcos en Guayaquil

La ciudad de Guayaquil, Ecuador, fue escenario de un violento enfrentamiento entre bandas de narcotráfico que resultó en al menos nueve muertos y tres heridos. El incidente ocurrió en el noroeste de la ciudad, una zona que fue testigo de un aumento en la actividad del crimen organizado en los últimos años. Según informes de la Policía Nacional, el choque armado se produjo entre dos facciones de la agrupación narco Los Tiguerones, identificadas como "Igualitos" y "Fénix", que anteriormente formaban parte de la misma organización.

La violencia relacionada con el narcotráfico incrementó significativamente en Ecuador, ya que se convirtieron en puntos estratégicos para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, lo que favoreció la proliferación de bandas criminales que luchan por el control territorial. La administración del presidente Daniel Noboa catalogó a estas agrupaciones como "terroristas" y "beligerantes".

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¿Cuál es el origen de Los Tiguerones y su influencia en el narcotráfico de Ecuador?

Los Tiguerones surgieron como una de las bandas más poderosas de Ecuador, vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Originalmente, formaban parte de Los Choneros, una organización delictiva de larga data en el país. Tras la muerte de Jorge Luis Zambrano en diciembre de 2020, líder de Los Choneros, se produjo una fragmentación que dio origen a nuevas facciones, incluyendo a Los Tiguerones. Estas divisiones han intensificado la violencia en las cárceles y en las calles, debido a las disputas por el control del negocio del narcotráfico.

La influencia de Los Tiguerones en el narcotráfico ecuatoriano es significativa. Su control de rutas y territorios estratégicos les ha permitido establecer conexiones con carteles internacionales, facilitando el tránsito de drogas hacia mercados extranjeros. Esta expansión ha generado conflictos internos y externos, exacerbando la violencia en regiones clave como Guayaquil. La reciente confrontación entre las facciones "Igualitos" y "Fénix" es un reflejo de estas luchas de poder internas que buscan consolidar su dominio en el lucrativo negocio del narcotráfico.

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¿Qué medidas implementó el gobierno para combatir el crimen organizado?

Ante el incremento de la violencia y la actividad de bandas narco, el gobierno de Ecuador ha adoptado diversas medidas para combatir el crimen organizado. Una de las acciones más destacadas ha sido la declaración de estado de excepción en varias provincias, incluyendo Guayas, donde se encuentra Guayaquil. Esta medida busca reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en las zonas más afectadas y permitir operativos más contundentes contra las organizaciones delictivas.

Además, el presidente Daniel Noboa ha anunciado la intención de solicitar apoyo internacional para enfrentar la crisis de seguridad. En declaraciones recientes, Noboa señaló que se buscará la colaboración de países aliados para el envío de "fuerzas especiales" que contribuyan a reforzar la lucha contra las bandas narco. Esta estrategia refleja la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada para enfrentar el poder y la influencia de las organizaciones criminales en el país.

¿Cómo afecta la violencia del narcotráfico a la sociedad ecuatoriana?

La escalada de violencia vinculada al narcotráfico ha tenido un impacto profundo en la sociedad ecuatoriana. El aumento de homicidios, extorsiones y otros delitos ha generado un clima de inseguridad que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos. Según informes recientes, Ecuador ha experimentado un incremento alarmante en la tasa de homicidios, situándose como uno de los países más violentos de América Latina.

Las comunidades en zonas afectadas, como Guayaquil, viven con temor ante la posibilidad de quedar atrapadas en medio de enfrentamientos entre bandas. La presencia de grupos armados y la disputa por territorios han llevado a desplazamientos forzados y a la interrupción de actividades económicas y sociales. Además, la percepción de impunidad y la corrupción en instituciones clave han mermado la confianza de la población en las autoridades, dificultando la cooperación ciudadana en los esfuerzos por combatir el crimen organizado.