
El gobierno del presidente Donald Trump planea revocar el estatus legal temporal de aproximadamente 240.000 ucranianos que huyeron del conflicto con Rusia, lo que podría acelerar su proceso de deportación, según Reuters. La medida, prevista para abril, supone un cambio drástico respecto a la política de la administración de Biden, que les otorgó protección humanitaria tras su llegada a Estados Unidos.
Además de los ciudadanos ucranianos, la revocación del estatus de "parole" afectaría a más de 530,000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estos programas humanitarios, implementados durante la administración de Joe Biden, tenían como objetivo ofrecer vías legales temporales para la inmigración y brindar alivio a quienes huían de situaciones peligrosas.
La administración de Donald Trump avanza con la reducción de protecciones para los ucranianos bajo programas de libertad condicional humanitaria, una medida que forma parte de un plan más amplio para revocar el estatus legal de más de 1,8 millones de migrantes beneficiados durante la gestión de Joe Biden.
La decisión, que ya estaba en marcha antes del reciente enfrentamiento público entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, podría impactar a miles de familias que encontraron refugio en Estados Unidos tras huir del conflicto con Rusia.
No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido anuncios oficiales sobre el tema, según su portavoz, Tricia McLaughlin. La Casa Blanca y la embajada de Ucrania tampoco han respondido a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, la medida se alinea con la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, que instruye al DHS a desmantelar todos los programas de libertad condicional.
El plan para revocar la libertad condicional a miles de migrantes, reportado inicialmente por CBS News, podría exponer a quienes pierdan su estatus a procedimientos de deportación acelerados.
Según un correo interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) visto por Reuters, aquellos afectados podrían ser removidos del país sin pasar por un proceso migratorio prolongado, lo que aumentaría la presión sobre comunidades de inmigrantes que se establecieron en EE. UU. bajo estos programas humanitarios.
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