
El Gobierno de España aprobó el pasado martes 4 de febrero el anteproyecto de ley que reducirá la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales sin afectar los salarios. Este acuerdo, alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT después de un año de negociaciones, representa un cambio en el marco laboral del país; sin embargo, también ha generado rechazo por parte de las patronales empresariales.
La nueva medida española prevé un periodo de adaptación hasta el 31 de diciembre de 2025, durante el cual las empresas tendrán que ajustar sus convenios colectivos. Asimismo, se han establecido sanciones más estrictas para las compañías que incumplan la normativa.
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El texto del anteproyecto establece una jornada laboral máxima de 37,5 horas a la semana, sin reducción de salario. También se incorporan mejoras, como el derecho a la desconexión digital y un mayor control del registro horario. Los contratos a tiempo parcial que superen este límite se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo.
En cuanto a los trabajadores con jornadas reducidas por motivos personales, como el cuidado de menores o situaciones de violencia, podrán conservar sus condiciones actuales. Por su parte, las jornadas especiales se someterán a revisión en un plazo de 18 meses para adaptarse a la nueva normativa.
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El objetivo del Ejecutivo es que la norma se implemente antes del 31 de diciembre de 2025. Después de esta aprobación inicial en el Consejo de Ministros, el texto deberá pasar por otros trámites, como la verificación del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES), antes de regresar al Consejo de Ministros como proyecto de ley.
Se prevé que la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ocurra antes del verano español de 2025. Las empresas tendrán un plazo para adaptar sus convenios colectivos, con la obligación de cumplir con el límite de horas antes de que finalice el año.
El Gobierno de España ha reforzado las medidas de control mediante sanciones económicas que podrían llegar a 10.000 euros por cada trabajador afectado. Estas multas, consideradas infracciones graves, buscan garantizar el cumplimiento de la jornada máxima legal y el registro horario.
Las sanciones se aplicarán de forma escalonada: entre 1.000 y 2.000 euros en su grado mínimo, entre 2.001 y 5.000 euros en el grado medio, y hasta 10.000 euros en su grado máximo. Con este aumento de las multas, se espera asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones en todas las empresas.

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