
La Policía de Queensland, Australia, ha arrestado a una mujer de 34 años bajo acusaciones de tortura, envenenamiento y explotación infantil. De acuerdo con la Unidad de Protección Infantil e Investigación (CPIU), la acusada administró medicamentos no autorizados a su hija de un año entre agosto y octubre de 2024. Además, grabó videos del sufrimiento de la menor que compartió en redes sociales, con el objetivo de obtener donaciones económicas y aumentar su popularidad en línea.
El caso fue detectado gracias al personal médico de un hospital en Brisbane, quienes alertaron a las autoridades tras identificar sustancias no prescritas en el organismo de la menor. Este reporte inicial dio lugar a una investigación que culminó con el arresto de la mujer este 16 de enero de 2025.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía de Queensland, el caso salió a la luz el 15 de octubre de 2024, cuando personal médico reportó resultados anómalos en las pruebas realizadas a la menor. Estas pruebas revelaron la administración de medicamentos no autorizados, suministrados sin supervisión médica y obtenidos de forma irregular.
Se alega que la mujer ignoró las recomendaciones médicas y utilizó medicamentos antiguos disponibles en su hogar. La Policía confirmó que la acusada ocultó deliberadamente estas acciones hasta que fueron detectadas. “No hay excusa para hacerle daño a un niño, especialmente a un bebé de un año que depende de otros para su cuidado y supervivencia”, expresó el inspector detective Paul Dalton, de la CPIU.
El 16 de enero de 2025, los detectives arrestaron a la mujer en su residencia en Underwood y será presentada ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane el 17 de enero de 2025. En conformidad con la Policía de Queensland, enfrenta múltiples cargos, entre ellos:
Desde el inicio de la investigación, la Policía de Queensland tomó medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la niña, quien fue retirada del entorno familiar y está recibiendo atención tanto médica como psicológica. “Cuando trabajamos en CPIU, nos enfrentamos con demasiada frecuencia a los peores delitos contra los niños. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para protegerlos y asegurarnos de que los responsables enfrenten las consecuencias”, comentó el inspector Dalton.
El caso, según las autoridades, subraya la importancia de la colaboración entre instituciones médicas y policiales para prevenir delitos contra la infancia. Además, destaca la necesidad de un mayor control en las plataformas digitales para evitar que se exploten situaciones vulnerables con fines económicos.

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