Polémico juicio a ambientalistas por asesinato en 1989 finaliza en El Salvador
Con la sentencia programada para este viernes, la fiscalía solicita penas de hasta 36 años, mientras que la defensa espera la absolución de los acusados.
La audiencia de un juicio contra ocho exguerrilleros acusados de asesinar a una mujer en 1989 finalizó este martes en El Salvador en medio de críticas de oenegés, que denuncian "un mal uso del sistema judicial" para castigar la acción ambientalista de cinco de ellos.
La sentencia del primer proceso por crímenes en la guerra civil (1980-1992) que llega a su fin será dictada este viernes. La fiscalía espera que los inculpados sean condenados hasta 36 años de prisión, mientras la defensa confía en que serán absueltos.
"Finaliza el juicio contra 8 sujetos procesados por el asesinato de una mujer durante el conflicto armado, ocurrido en agosto de 1989 en Santa Marta", unos 80 km al noreste de San Salvador, publicó la Fiscalía en la red X.
La causa fue abierta en enero de 2023 y la audiencia pública comenzó el 8 de octubre en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque en Cabañas, en virtud de que fue derogada en 2016 una Ley de Amnistía que en 1993 perdonó los crímenes del conflicto.
Los ambientalistas son Teodoro Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez, quienes integran una ONG que luchó por la aprobación de una ley que en 2017 prohibió la minería metálica en el país.
Los otros inculpados son Fidel Dolores Recinos, José Eduardo Sancho y Arturo Serrano. Los dos últimos están prófugos.
Los ocho eran guerrilleros del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y, según la fiscalía, mataron a María Inés Alvarenga porque la consideraban "informante del ejército".
En la audiencia se presentaron "suficientes y contundentes evidencias que demuestran la culpabilidad de los imputados", afirmó la Fiscalía, pero para la defensa quedó demostrado que ellos no cometieron el crimen.
"Hemos podido demostrar que estas personas no estuvieron en el lugar en la fecha de los hechos, y en consecuencia, la única salida, sí esto es jurídico, es la absolución", declaró a la prensa el abogado defensor Pedro Cruz.
El abogado de la ONG Tutela Legal, Alejandro Díaz, dijo a la AFP que éste es "un caso politizado e instrumentalizado por el gobierno y la Fiscalía" y hubo "un mal uso del sistema judicial" para castigar a activistas que defienden el medio ambiente.
