El gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, ha decretado un desastre nacional debido a la magnitud de los incendios forestales que afectan gravemente el territorio, especialmente en el departamento de Santa Cruz. Esta región, la más extensa y poblada del país, enfrenta consecuencias severas que no solo ponen en riesgo el medio ambiente, sino que también amenazan la economía y la vida de miles de ciudadanos.
Santa Cruz, que abarca el 33,74% del territorio boliviano, es la sexta entidad subnacional más grande de América Latina, superada solo por cinco estados de Brasil: Amazonas, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais y Bahía. Su capital, Santa Cruz de la Sierra, es también la ciudad más poblada del departamento, destacada por su relevancia económica dentro de Bolivia y situada en la zona oriental del país.
La decisión gubernamental permitirá movilizar recursos tanto a nivel nacional como internacional, facilitando la canalización de ayuda económica y logística para enfrentar este desastre. Hasta el momento, los incendios han destruido millones de hectáreas de bosques y pastizales, lo que marca un trágico récord en la historia reciente de los desastres ambientales en Bolivia.
Santa Cruz es el departamento de mayor relevancia económica en Bolivia y se encuentra al este del país. Foto: Diario Río Negro
El departamento de Santa Cruz es el más afectado por los incendios forestales que arrasan Bolivia. Según datos proporcionados por la gobernación departamental, la región ha perdido 7,2 millones de hectáreas, una cifra alarmante que supera ampliamente las 4,2 millones destruidas en 2019. Estos incendios han sido considerados el mayor desastre ambiental en la historia de Santa Cruz, una región que alberga al 27% de la población boliviana y es un importante motor económico del país.
El último informe del poder ejecutivo, emitido a principios de septiembre, indicaba la destrucción de 3,8 millones de hectáreas a nivel nacional, pero las cifras de Santa Cruz evidencian que la situación es aún más grave en esta zona. Este fenómeno, intensificado por las condiciones climáticas adversas y la sequía, afecta no solo la biodiversidad local, sino también la vida cotidiana de miles de personas que dependen de la agricultura y los recursos naturales.
Entre los meses de marzo y octubre los agricultores realizan la quema de tierras. Foto: El Confidencial
Uno de los factores clave en la propagación de estos incendios forestales es la práctica ancestral de la quema de tierras, que los agricultores de Bolivia realizan entre los meses de marzo y octubre para preparar el terreno para cultivos. Sin embargo, este año, las condiciones climáticas extremas, como la sequía prolongada y la falta de lluvias, han contribuido a la expansión incontrolada del fuego, lo que ha convertido esta práctica manejable en una catástrofe ambiental.
En un esfuerzo por mitigar los daños y enfrentar la crisis, el presidente Arce ha solicitado al Parlamento la aprobación de al menos dos créditos internacionales, uno con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto total de 325 millones de dólares. Esta inyección de recursos sería clave para financiar operaciones de emergencia y medidas de prevención que podrían reducir el impacto de los incendios en el futuro.