Un hecho histórico. Este martes 19 de marzo, el Gobierno colombiano, liderado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, llevó a cabo una ceremonia de disculpas dirigida a Raiza Isabel Salazar, una mujer transgénero que pasó más de 20 años solicitando amparo frente a reiterados ataques transfóbicos en Dagua, Valle del Cauca.
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Desde el 2001, cuando Salazar se hizo dueña de una propiedad en dicho municipio, enfrentó constantes acosos y agresiones motivadas por su identidad de género. Esta violencia escaló a invasiones domiciliarias y agresiones físicas, forzándola a abandonar su hogar. Un evento notable fue cuando en 2005, Salazar fue herida con una escopeta de perdigones.
Pese a las denuncias presentadas ante las autoridades, estas no proporcionaron el soporte necesario, minimizando sus reclamos a contravenciones menores, lo cual constituye un caso de revictimización. Por ello, en diciembre de 2011, cuando Raiza llevó su situación a la Fundación Santamaría y la presentó ante el Procurador del Valle del Cauca, se encontró con que su queja había sido ignorada y mal clasificada, poniendo en evidencia el negligente manejo de su situación desde el principio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe de 2018, aceptó evaluar su situación, detallando que en octubre de 2009, Raiza fue objeto de amenazas y agresiones humillantes, además de ser intimidada con amenazas de muerte desde su propio techo.
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El documento de la CIDH subrayó la necesidad de identificar claramente a los responsables de los ataques mencionados en la denuncia de Raiza, destacando las deficiencias en el procedimiento judicial que no le proporcionó una solución adecuada a su problema. Durante este proceso, Raiza recibió el soporte técnico y legal de Germán Humberto Rincón Perfeti y Synergía, liderados por Stefano Fabeni, cuya contribución fue clave para llegar a un acuerdo que comprometió al Estado a ofrecer una disculpa pública y a tomar medidas de reparación.
La ceremonia se desarrolló este 19 de marzo, en Cali, Valle del Cauca, pero sin la presencia de Salazar, debido a problemas de salud derivados de su edad avanzada. La Fundación Santamaría, que ha estado al frente del caso, recibirá las disculpas en su representación.
Este gesto del Estado, que también involucra al Ministerio de Cultura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, busca reconocer oficialmente las fallas en la protección y garantía de los derechos judiciales de Salazar. Tras años de hostigamiento y amenazas, evidenciando la falta de atención adecuada por parte de las autoridades a su situación crítica desde su llegada a Dagua, Valle, hace más de dos décadas.
Según la Encuesta de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), hasta enero de 2023 se estima que un total de 471.000 personas forman parte de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, trans y no binaria (LGBT), lo que representa el 1,3% de la población adulta del país.