Las empresas de Donald Trump podrían estar pasando por situaciones inesperadas luego de que se dictara una sentencia, el pasado 16 de febrero, contra el exmandatario de Estados Unidos por el delito de fraude fiscal, a raíz del cual ha sido sancionado con US$355 millones e inhabilitado por tres años para ejercer como funcionario público o director de algunas de sus compañías en Nueva York.
Hasta el momento, en este escenario de profundas incertidumbres en la organización de Donald Trump, también sus hijos Donald Jr. y Eric no podrán acceder a puestos como funcionarios públicos o tomar el cargo de directores en sus industrias de esta ciudad global.
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En esa línea, el ex jefe de Estado de Estados Unidos, por tres años, no podrá ocupar algún cargo de funcionario o de director en algunas de sus compañías con sede en Nueva York. Esto surge luego de un fallo del viernes 16 de febrero dada por el juez Arthur Engoron. El caso fue iniciado por la fiscal general de esta ciudad, Letitia James, en contra de Donald Trump.
Esta investigación surge por supuestamente presentar estados financieros fraudulentos en sus empresas para verse beneficiado de seguros a tasas convenientes y préstamos. De la misma manera, ni la organización de Donald Trump ni él podrán solicitar préstamos a alguna institución financiera que esté registrada o autorizada en la ciudad de Nueva York.
Trump no podrá ocupar algún cargo de funcionario o de director en algunas de sus compañías. Foto: AFP
Will Thomas, profesor asistente de Derecho Empresarial en la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Míchigan y especialista consultado por CNN, sostuvo que "Trump todavía es dueño de sus negocios. Pero él y su familia realmente no pueden administrarlos ni mantenerlos. Sus vías de control se han reducido drásticamente". Además, añadió: "Me parece un bloqueo realmente dramático a su capacidad para acceder al capital".
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De la misma manera, David Cay Johnston, periodista ganador del Premio Pulitzer y autor de varios manuscritos sobre Trump, señaló que "la conclusión es que la oficina del fiscal general de Nueva York obtuvo el dinero, pero no las prohibiciones permanentes (sobre las empresas de Trump) que quería".
Por otro lado, la decisión definitiva requiere que un monitor independiente, asignado por el tribunal en 2022, y un nuevo director de cumplimiento independiente, gestionen principalmente la Organización Trump. La decisión extendió la función del observador "por un mínimo de tres años".
La razón que el juez Engoron proporcionó para no revocar las licencias comerciales de los Trump se basa en la implementación de una nueva estructura de gobierno. "En el futuro habrá una supervisión de dos niveles —un monitor independiente y un director independiente de cumplimiento— a las principales actividades que podrían conducir al fraude, por lo que la cancelación de las licencias comerciales ya no es necesaria", señaló en su decisión.
Se anticipa que Donald Trump impugne el fallo tras sentencia por fraude fiscal. Foto: AFP
Donald Trump y sus compañías están obligados a reembolsar US$355 millones debido a ingresos obtenidos de manera indebida a través de acciones fraudulentas, según lo determinado por el juez Engoron. Con la adición de intereses calculados desde las fechas especificadas en la sentencia, el monto final podría ascender a más de US$450 millones, de acuerdo con cálculos de la Fiscalía de Nueva York.
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Se anticipa que Trump impugne el fallo. Tiene la opción de apelar primero ante la División de Apelaciones y posteriormente ante el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York. Este proceso podría prolongarse, posiblemente, hasta 2025 antes de alcanzar una conclusión definitiva. Sin embargo, esto no lo exime de la obligación inmediata de abonar los US$355 millones más los intereses acumulados, los cuales deberán ser consignados en una cuenta de garantía durante el proceso de apelación para asegurar el cumplimiento de la sentencia dictada por Engoron en caso de ser confirmada. La fuente de estos fondos permanece incierta, aunque Trump declaró el año pasado contar con US$400 millones en efectivo, lo cual podría cubrir el monto exigido si tal afirmación resulta verídica.