En Ecuador, la candidata izquierdista Luisa González, que fue la ganadora en la primera vuelta en las elecciones presidenciales y competirá en el balotaje del próximo 15 de octubre, denunció recibir amenazas de muerte. En esa línea, la correísta aceptó tener protección militar para ella y su familia en medio de la ola de violencia durante los comicios, lo que ha dejado conmocionado a todo el país tras el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
“Hoy recibí amenazas contra mi vida al ser la candidata más opcionada para ganar la presidencia”, expresó la aspirante mediante un comunicado de su movimiento Revolución Ciudadana.
Cabe resaltar que González se ubicó primera en la elección presidencial anticipada del último 20 de agosto con 34% de los votos válidos y disputará la segunda vuelta con el derechista Daniel Noboa, que se ubicó en el segundo lugar con 23%, de acuerdo a los resultados oficiales.
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Según González, la Fiscalía se encuentra investigando a una persona que “habría asegurado poseer bombas para atentar” contra su vida, por lo que deberá reforzar su esquema de seguridad.
“Les tengo que dar una triste noticia. Estoy usando chaleco antibalas”, expresó la correísta. Asimismo, aceptó el ofrecimiento del Gobierno liderado por Guillermo Lasso, que se ha comprometido a dar protección militar a los candidatos finalistas, añadió.
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Como se recuerda, el excandidato Fernando Villavicencio fue asesinado a balazos el 9 de agosto cuando salía de un mitin en Quito. El experiodista de investigación era uno de los favoritos para los comicios.
Por otro lado, tras el homicidio de Villavicencio, el candidato de derecha Daniel Noboa informó haber recibido amenazas y apareció con chaleco antibalas en el debate presidencial del 13 de agosto, lo que según analistas políticos lo catapultó al balotaje.
Ecuador afronta un clima de la violencia que es vinculada al narcotráfico, que controla cárceles y se disputa el mercado de la droga a sangre y fuego. La semana pasada estallaron dos coches bomba en Quito, sin dejar víctimas, en acciones dirigidas contra el organismo rector de las prisiones.
Con información de AFP