Cientos de migrantes indocumentados se aglomeran bajo el sol y el frío del árido desierto en el paso fronterizo de Tacna, frontera con Chile, donde las autoridades peruanas les impiden el paso. Los venezolanos, haitianos y demás extranjeros se han quedado atrapados entre policías chilenos y peruanos que vigilan el punto limítrofe.
Entre el polvo y una carretera que surca el paisaje desértico, se desarrolla una nueva crisis migratoria que cada día enfrenta a migrantes y fuerzas del orden, historias de familias separadas y la incertidumbre de no saber cómo acabará.
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Diariamente, entre 150 a 200 migrantes —en promedio— quedan varados en los límites entre Chile y Perú, de acuerdo a la oficina de la ONU para los refugiados (Acnur). Algunos se han visto obligados a cruzar por pasos irregulares y otros se han quedado en Arica.
Al respecto, un informe elaborado por la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes concluyó que los extranjeros varados “quedan en el limbo” y “la única opción que tienen es pasar durante la noche por pasos no habilitados a territorio peruano, pagando lo que les cobren”.
Nancy Arellano, presidenta de la ONG Veneactiva, advierte que por el “endurecimiento de la norma chilena” y el hecho que haya “personas que se encuentran sin documentación (...) porque viajaron con una documentación precaria y porque hay una imposibilidad de obtención de determinados documentos de forma consular (tal es el caso de los venezolanos con la cédula de identidad)” ha sido uno de los detonantes del flujo migratorio.
“(Hubo) Un cambio de ley que en algunos aspectos favorece a la población migrante que ha llegado a Chile y en otros aspectos les dificulta la permanencia, entonces las políticas públicas de Chile desde hace un buen tiempo ha habido incluso algunos contradicciones al interior de los poderes del Estado”, explica el periodista chileno César Baeza Hidalgo, corresponsal en Chile de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
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La situación se ha agravado luego de que Chile enviara una carta de protesta a Perú porque el alcalde de Tacna, Pascual Güisa, se refiriera al presidente Gabriel Boric como un “innombrable e irresponsable”, señalando que su administración “está trasladando el problema (migratorio) a la frontera”.
“El problema no es la migración, el problema son las políticas públicas por la cual se aborda la migración —asegura Baeza Hidalgo— porque el derecho a movilizarse es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
A juicio de Arellano este es un “tema regional” debido a que “hay importantes flujos (migratorias) al sur norte, ahora hay una entrada importante de bolivianos a distintos, países de colombianos a distintos países”.
Asimismo, para solucionar la situación es importante separar las posiciones ideológicas, ya que ello “no autorizada perjudicar a un tercero”, opina Baeza. “No tiene que ver con mi posición política, cuando empezamos a complejizar el hecho de que por qué los gobiernos tienen posiciones distintas frente a la visión de cómo se debe gobernar y olvidamos que estamos tratando de seres humanos, yo pienso que estamos hablando de gobiernos que sean deshumanizado”, concluye el corresponsal RSF.