El Ministerio Público de Nicaragua ha pedido 10 años de cárcel para el opositor Miguel Suazo Herrera, acusado por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y divulgación de noticias falsas, según informó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Miguel Suazo declaró en 2018 a la ciudad nicaragüense de Masaya “territorio libre del dictador”, aludiendo al presidente Daniel Ortega. Tras ello, fue encarcelado, pero gracias a una ley de amnistía, en junio de 2019, pudo ser liberado.
La Fiscalía solicitó 10 años de prisión en una audiencia que se desarrolló en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como Nuevo Chipote, al sur de Managua.
PUEDES VER: Nicaragua desconoce a su embajador ante la OEA tras llamar “dictadura” al gobierno de Ortega
Su detención se produjo durante la madrugada del 18 de mayo pasado, en la casa de sus padres, situada en Masaya, al sur de Managua, según denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Asimismo, el arresto se dio un día después de que denunciara que la Policía Nacional estaba presuntamente impidiendo el ingreso de los creyentes católicos a una parroquia de Masaya. Según los fieles, se encontraba sitiada.
Nalia Ubeda Obando, jueza del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua, citó para el próximo 27 de julio a la audiencia en la que se declarará inocente o culpable al opositor.
De esta forma, Suazo, de 31 años, se suma al grupo de 68 nicaragüenses que han sido encarcelados durante 2021, en periodo electoral, entre los que se encuentran estudiantes, líderes estudiantiles, campesinos, periodistas, profesionales independientes y disidentes que aspiraban a la presidencia.
Alrededor de 57 personas han sido condenadas a penas de 7 a 13 años de prisión por delitos de “traición a la patria”, de los cuales solo nueve se encuentran bajo arresto domiciliario.
Ortega ha denominado a los encarcelados como traidores a la patria, criminales e “hijos de pe***de los imperialistas yanquis”.
Nicaragua es azotada por una crisis política y social desde 2018, y se ha ido acentuando tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre del año pasado, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.