La opositora y exaspirante a la presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro fue declarada culpable este viernes 11 de marzo de delitos imputados por el Gobierno de Daniel Ortega, que le impidieron competir el año pasado contra la reelección del mandatario, informó un familiar.
En el juicio, también fueron sentenciados por crímenes como lavado de dinero y gestión abusiva su hermano Pedro Joaquín Chamorro, y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). “Declararon culpables a todos (…), el 21 de marzo leen la sentencia”, dijo Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, a la AFP.
Desde el viernes 4 de marzo, segundo día del juicio en su contra, testigos de la Fiscalía buscaron responsabilizarla de lavado de activos, tras acusaciones formuladas por el Gobierno de Ortega.
En la audiencia, el Ministerio Público presentó el testimonio de policías y de un perito informático que analizó “pruebas basadas en publicaciones de redes sociales”, precisó el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que documenta los juicios.
Chamorro, quien ha permanecido nueve meses incomunicada en arresto domiciliario, es procesada en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía, en Managua, una prisión conocida como El Chipote.
Al ingresar “la obligaron (nuevamente) a usar uniforme azul y esposas de plástico”, denunció en Twitter el Cenidh.
Chamorro, de 68 años y periodista de profesión, es acusada de lavado de dinero y otros tres delitos cometidos supuestamente durante su gestión como lideresa de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (VBCH).
La fundación llevaba el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y se dedicaba a promover la libertad de prensa. Según la Fiscalía, la entidad recibía dinero para desestabilizar al Gobierno de Ortega.
Junto con Cristiana también son procesados su hermano Pedro Joaquín; los exfuncionarios de la FVBCH Walter Gómez y Marcos Fletes; y el chófer de ella, Pedro Vázquez.
Todos forman parte de un grupo de 46 opositores detenidos el año pasado, en la antesala de las elecciones de noviembre, en la que el exguerrillero Ortega obtuvo su cuarto mandato consecutivo. Uno de los presos murió por enfermedad el 12 de febrero.
Entre los detenidos hay siete aspirantes a la presidencia, quienes quedaron inhabilitados para competir con Ortega.
La oposición y la comunidad internacional consideran que las detenciones tuvieron motivaciones políticas y buscaron asegurar la continuidad de Ortega en el poder.