El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ordenó este viernes 22 de octubre un incremento de hasta 12% en los precios de los combustibles, cuando organizaciones sociales tienen previsto protestar contra alzas mensuales a los carburantes que se aplicaban desde 2020. Estas quedarán suspendidas por decisión del Ejecutivo.
“A partir de ahora se establece el precio de la gasolina extra en 2,55 dólares el galón (americano) y de igual manera el precio del diésel (…) se establece en 1,90 dólares”, dijo Lasso en una alocución desde el puerto de Guayaquil (suroeste).
La gasolina extra (corriente) estaba en 2,50 dólares y el diésel en 1,69 dólares. Estos nuevos precios quedarán ahora congelados, explicó Guillermo Lasso. “Desde hoy se suspenden los incrementos mensuales”, aseguró. El alza se aplicaba desde 2020 mediante reajustes de acuerdo a la cotización del petróleo en el mercado internacional.
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El anuncio del mandatario se produjo en vísperas de una protesta en Quito convocada por sindicatos, indígenas y estudiantes en contra de las subidas instauradas por el Gobierno del expresidente Lenín Moreno en 2020.
El movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y uno de las principales en el opositor Parlamento, celebró el anuncio de Lasso y lo consideró “buenas noticias”, según un mensaje en Twitter.
La Conaie tiene previsto reunirse este viernes en la andina comunidad de Colta, en el centro del país. Esta confederación lideró violentas protestas en 2019 contra la eliminación total de subsidios a los combustibles, que dejaron once muertos y obligaron a Moreno a dar marcha atrás en aquella decisión.
Guillermo Lasso, quien asumió en mayo, expresó que Ecuador, que exporta petróleo y está en crisis económica, atraviesa un “alentador escenario económico” pero requiere “estabilidad”.
El gobernante tildó el miércoles de “golpistas” y “conspiradores” a los grupos que convocaron a manifestaciones. Lasso es partidario de eliminar subsidios y dar compensaciones para los transportistas y sectores más deprimidos.
Antes de la decisión anunciada por Guillermo Lasso, las organizaciones sociales tenían previsto marchar el martes pese al estado de excepción que decretó el lunes el Gobierno por 60 días para enfrentar la violencia del narcotráfico.
Bajo esa figura, militares y policías patrullan las calles, aunque el Gobierno no ha restringido derechos como los de protesta y reunión.