Pandora Papers y posible juicio político a Sebastián Piñera agitan campaña en Chile
La publicación tiene lugar a menos de cinco semanas de las elecciones del 21 de noviembre, cuando los chilenos escogerán al presidente que implementará las normas de la nueva Constitución.
La aparición del presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, en la investigación los Papeles de Pandora y su posible juicio político han supuesto un verdadero terremoto en una campaña electoral que transcurría hasta ahora sin grandes convulsiones.
La publicación, que ha dado la vuelta al mundo, tiene lugar a menos de cinco semanas de las elecciones del 21 de noviembre, cuando los chilenos escogerán presidente, diputados y senadores en los que están considerados los comicios más trascendentales desde el fin de la dictadura militar.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló el domingo que el megaproyecto Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación realizada en parte en Islas Vírgenes Británicas.
El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera, quien había asumido el poder para su primer mandato apenes unos meses antes, según el ICIJ.
El eje de la defensa del mandatario ha pilotado en torno al sobreseimiento que decretó la Justicia en 2017 y al hecho de que Piñera, una de las fortunas más importantes de Chile y quien terminará su segunda legislatura no consecutiva en marzo de 2022, se desvinculó de sus empresas “hace más de 12 años”.
“Mayor polarización”
Sin embargo, la estrategia para contener daños parece no haber surtido efecto y, mientras desde la oposición anunciaron una acusación constitucional contra el mandatario chileno, desde el oficialismo temen un importante costo electoral.
“La polarización va a ser mayor. Los candidatos de oposición van a empujar por la acusación constitucional y el cuarto retiro de los fondos de pensiones, dos cuestiones que se van a mover de forma paralela”, explicó a EFE Mauricio Morales, de la Universidad de Talca.
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En la derecha, agregó, “van a estar desesperadas por desvincularse del Gobierno aún más” porque “defender a Piñera en estas circunstancias es un suicidio político”.
Aunque hay siete candidatos, la gran batalla para pasar a la segunda vuelta y disputarse La Moneda en el balotaje del 19 de diciembre está entre el izquierdista Gabriel Boric (primero en todas las encuestas), el oficialista Sebastián Sichel, el ultraderechista José Antonio Kast y la democristiana Yasna Provoste.
Para la jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, los Papeles de Pandora “refuerza la necesidad de separar el dinero de la política” y a quien más perjudican es a Sichel, quien es “visto como el delfín de Piñera y el candidato más cercano a los empresarios”.
El director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, Jaime Abedrapo, apunta a otro frente y a “una nueva fractura dentro de la centroizquierda”, pues la acusación constitucional está siendo impulsada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que apoyan a Boric.
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“Los partidarios de Provoste pueden desmarcarse al final para tratar de perjudicar a Boric. No hay nada escrito y tampoco hay que perder de vista un eventual aprovechamiento político de Kast, que va creciendo en las encuestas”, añadió a EFE Abedrapo.
La acusación constitucional puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Piñera y para que prospere y llegue a Senado, el órgano que hace de tribunal, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
De presentarse finalmente la próxima semana, sería el segundo intento de juzgar políticamente al gobernante, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura militar.
La persona que llegue a La Moneda tendrá que reencauzar un país que vivió en 2019 graves protestas e implementar las normas de la nueva Constitución, que se comenzó a redactar el pasado julio y que debe ser refrendada en un plebiscito de salida en 2022.