El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Eduardo Del Castillo, defendió este martes 31 de agosto el carácter sagrado que tiene la hoja de coca en su país y comprometió revertir los datos “nefastos” dejados por la gestión transitoria de Jeanine Áñez sobre el control de los cultivos “no autorizados” de la planta en 2020.
“No existe hoja de coca ilegal en nuestro país, sino que existe hoja de coca no autorizada. La hoja de coca no es un delito en nuestro país, es una hoja sagrada”, remarcó Del Castillo durante la presentación del “Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia 2020” de la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Del Castillo lamentó los datos reportados en ese informe que señala que los cultivos de hojas de coca en Bolivia se incrementaron un 15% en 2020 al pasar de 25.500 hectáreas en 2019 a 29.400 hectáreas el año pasado.
El ministro cargó contra la Administración transitoria de Áñez, a la que acusó de no tener “la voluntad de realizar de manera efectiva las tareas de erradicación de cultivos de coca”.
Según la autoridad, las tareas de erradicación en 2020 estuvieron paralizadas durante 178 días y “como resultado el registro final de la erradicación, racionalización y reducción de hectáreas de hojas de coca llegó tan solo a 2.177 hectáreas”.
A su juicio, es una “falacia que la baja erradicación y los bajos niveles de incautación de cocaína en 2020 se deben a la COVID-19” y aseguró que aquello “no ha sido una excusa” para el Gobierno de Luis Arce.
También criticó el confinamiento que rigió en 2020 por su “efecto enorme en las dinámicas del mercado de la hoja de coca”, con la consiguiente sobreoferta y reducción de precios que afectaron económicamente a los cocaleros.
De acuerdo al ministro, la política del Gobierno de Arce “busca mantener un precio alto” para desincentivar el uso de la planta “como materia prima en la elaboración de la cocaína” haciendo que quienes se dedican al narcotráfico la busquen a precios más bajos en otros países.
La autoridad destacó la meta “alta” trazada por el Gobierno para erradicar este año 9.000 hectáreas de plantaciones y recuperar así “los estándares internacionales que tenía Bolivia” en la lucha antidrogas.
Hasta el momento en Bolivia se han destruido 5.300 hectáreas frente a las 675 reportadas en el mismo periodo de 2020, aseguró.
El ministro destacó que se ha retomado la política establecida durante el Gobierno de Evo Morales que se centra en una erradicación de cultivos excedentarios que respeta los derechos humanos de los cocaleros y la “revalorización de la hoja de coca”.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana por sus usos tradicionales y medicinales, pero una parte de la producción se desvía al narcotráfico para fabricar cocaína. Desde 2017, Bolivia amplió la superficie de los cultivos legales de 12.000 a 22.000 hectáreas.