Italia empieza a exigir el certificado anti-COVID-19 dentro de bares y lugares de ocio

Italia comienza hoy a exigir el certificado sanitario anti-COVID-19 para consumir dentro de bares y restaurantes, así como en lugares cerrados de ocio, una medida no exenta de críticas, que en septiembre se extenderá también a profesores y medios de transporte.

El certificado, que especifica que su portador ha recibido al menos una dosis de la vacuna, ha pasado la COVID-19 o cuenta con una prueba negativa, está disponible en versión papel y digital y ya ha sido descargado por dos de cada tres italianos.

El Gobierno de Mario Draghi quiere animar a la gente a vacunarse para evitar a todo coste cierres y nuevas restricciones ya desde este verano.

A partir del 6 de agosto, el “certificado verde” es obligatorio para consumir dentro de bares y restaurantes, pero también para acceder a espacios cerrados como gimnasios, cines, teatros, museos, estadios o grandes eventos como conciertos.

La medida ha suscitado manifestaciones en todo el país, al verse como una obligación tácita de vacunarse, ya que quien no cuente con el documento queda prácticamente excluido del ocio y la cultura en Italia.

Pero también ha generado críticas por su imprecisión. Los gestores de los 270.000 restaurantes y bares del país, por ejemplo, se quejan de que deberán hacer de “policías” con sus clientes y denuncian una serie de contradicciones en la puesta en práctica de la medida.

Entre otras cosas exigen que no recaiga sobre ellos la responsabilidad legal del uso inadecuado del certificado, pues cabe la posibilidad de que la gente se lo preste, avisa la asociación patronal FIPE-Confcommercio.

Pese a las críticas, el Ejecutivo está convencido de la conveniencia de esta medida. De hecho, anoche la extendió al sector educación y a los medios de transporte con un decreto que entrará en vigor el próximo septiembre.

El certificado sanitario será obligatorio para todos los profesores, desde los de escuela hasta los de la universidad, y también para los estudiantes universitarios; asimismo, antes de la vuelta a las aulas se realizará una prueba de COVID-19 a toda la comunidad educativa.

El decreto estipula suspensión de empleo y sueldo a los profesores escolares que no presenten el certificado, mientras que la sanción para los docentes universitarios dependerá de cada rector porque cuentan con un estatuto independiente y propio.

El ministro de Educación, Patrizio Bianchi, apuntó que en estos momentos el número de profesores sin este documento es marginal.

En los transportes, el certificado será obligatorio para subir a un avión y para usar los barcos que conecten la península, excepto los que unen el estrecho que separa Calabria, la punta de “la bota italiana”, con Messina, en la isla de Sicilia (sur).

También se pedirá el documento en los trenes de larga distancia entre ciudades, en los trenes cama y en los autobuses que crucen más de dos regiones, informó por su parte el ministro de Transportes e Infraestructuras italiano, Enrico Giovannini.

En el caso de los transportes, la medida estará en vigor desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, cuando expira el estado de emergencia, salvo que sea nuevamente renovado.