El presunto fraude electoral que generó un estallido social en Bolivia, tras la reelección de Evo Morales el mes pasado, pudo haberse perpetrado incluso ante de la jornada de votación, de acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía General del Estado.
El lunes fue detenido el encargado de la Dirección Nacional de Tecnologías, Información y Comunicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Windsor Saire, y la Fiscalía ya anunció que será imputado por delitos electorales, comunes y de corrupción.
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“Él ha sido responsable desde el primer momento, no creemos que simplemente los datos se hubieran modificado el día 20 —cuando se desarrollaron los comicios— sino mucho más antes”, declaró el fiscal Ronald Chávez citado por ATB.
Chávez indicó que Saire será procesado por delitos electorales, falsificación de documentos, uso de instrumento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, beneficios en razón del cargo, ilícitos de corrupción, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
Luego de los sufragios el conteo mostraba en primera posición a Morales, pero al opositor Carlos Mesa muy de cerca en el segundo lugar, tanto que dejaba la puerta abierta a una segunda vuelta. Sin embargo, luego hubo un corte en la Transmisión de los Resultados Electorales Preliminares (TREP) del TSE.
Y de acuerdo a la Fiscalía General del Estado boliviano Saire tenía conocimiento de este hecho. “Nuestra principal fuente de investigación es el dato informático, estamos verificando con un perito las boletas, para ver si se las hubiera falsificado”, apuntó Chávez.
Saire tomó posesión de su cargo el 24 de junio y según medios locales contaba con el apoyo de figuras relevantes en el órgano electoral de Bolivia, incluida la expresidenta María Eugenia Choque.
La Fiscalía boliviana lleva adelante una investigación muy avanzada sobre el presunto fraude electoral
Morales se vio obligado a renunciar tras las “irregularidades” detectadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su auditoría, que empujaron a miles de personas a las calles y antecedieron la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que el líder indígena dimitiera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó al menos 23 muertos y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis.