
El exministro de Economía Luis Miguel Castilla afirmó que el próximo Gobierno de Keiko Fujimori tendrá que revisar e incluso retroceder en leyes con impacto fiscal que Fuerza Popular respaldó desde el Congreso, si busca recuperar la disciplina de las finanzas públicas. La declaración se produce luego de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera una controversia competencial sobre la iniciativa de gasto entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Durante una entrevista con RPP, Castilla consideró que el fallo del TC representa una oportunidad para ordenar las cuentas fiscales y delimitar con mayor claridad las competencias en materia presupuestal. Sin embargo, advirtió que el nuevo Ejecutivo asumirá el poder con un margen muy limitado para ejecutar sus políticas debido a la acumulación de normas que generan obligaciones de gasto.
"Van a tener que retroceder en leyes que ellos mismos han apoyado, de cierta forma derogando algunas leyes, si es que es posible, o interponiendo acciones de inconstitucionalidad", señaló.
El economista recordó que Fuerza Popular respaldó diversas iniciativas durante el actual periodo parlamentario que hoy son cuestionadas por su impacto sobre las finanzas públicas y sostuvo que el reto no recaerá únicamente en el próximo ministro de Economía, sino en todo el gabinete y en la propia presidenta electa.
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Castilla indicó que el fallo del Tribunal Constitucional aclara que la conducción de la política fiscal corresponde al Ejecutivo, lo que permitirá enfrentar con mayor respaldo legal las iniciativas legislativas que comprometen recursos públicos.
No obstante, advirtió que el siguiente Gobierno recibirá una situación fiscal compleja debido al elevado costo de las leyes aprobadas por el Congreso. Según explicó, solo en el último año estas normas representarían compromisos superiores a los S/30.000 millones, un monto que calificó como imposible de financiar con el presupuesto disponible.
"Ahora toca aprovechar esta ventana de oportunidad y comenzar a recomponer las cuentas fiscales para que el siguiente Gobierno pueda implementar su plan de educación pública, sus programas sociales, porque el espacio es muy reducido", afirmó.
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En esa línea, también cuestionó que, a pocas semanas del cambio de Gobierno, el Congreso discuta un crédito suplementario cercano a los S/10.000 millones, pese a que el Tribunal Constitucional acaba de reafirmar que el Parlamento no cuenta con iniciativa para crear gasto público.
A su juicio, el próximo Ejecutivo deberá definir qué hará con las leyes de gasto aprobadas recientemente y con las nuevas obligaciones presupuestales que podrían derivarse del crédito suplementario, ya que mantenerlas pondría en riesgo el proceso de consolidación fiscal.





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