
Cada mañana, miles de mujeres en el Perú inician su jornada mucho antes que el resto del país despierte. Preparan desayunos, cuidan niñas y niños, acompañan a personas mayores, limpian, sostienen hogares enteros. Su labor hace posible que otras personas salgan a trabajar, estudien o emprendan. Y, sin embargo, ese mismo trabajo que sostiene la vida cotidiana sigue siendo uno de los más invisibles y desprotegidos.
En el marco del Día del Trabajo, es imprescindible mirar hacia ellas, ya que en el país, alrededor de 400.000 personas se desempeñan como trabajadoras del hogar remuneradas, un sector esencial para la economía y el bienestar social. Sin embargo, la realidad es contundente: el 91,7% permanece en la informalidad, una de las tasas más altas del país, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A pesar de la promulgación de la Ley N.° 31047, vigente desde octubre del 2020, que regula el trabajo doméstico y equipara sus derechos a los del régimen laboral general, como establecer un contrato escrito registrado en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), jornada de 48 horas semanales, 30 días de vacaciones, gratificaciones completas (julio y diciembre), CTS, seguro de salud y prohibición de discriminación, los avances en la práctica han sido limitados.
“La ley lo que hace es igualar los derechos de las trabajadoras del hogar a los de cualquier trabajador del sector privado”, explicó Inés Martens, oficial de Programas de la OIT y experta en temas de género a La República. “Tienen derecho a gratificaciones, vacaciones, acceso a salud, licencias y jubilación”. El cambio no es menor. “Solo desde el 2020 tienen derecho a sueldo mínimo. Antes no lo tenían. Podías trabajar ocho horas y recibir S/300, y eso era legal”, añade.
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Sin embargo, la norma no se cumple, ya que “partimos de un bajo conocimiento de la ley”, advierte Martens. Apenas el 15% de empleadores y el 9% de trabajadoras la conoce. “Y aun cuando se les explica, muchas personas consideran que no les aplica”.
Esa percepción se repite especialmente en el trabajo por días. “Se piensa que si trabajas a tiempo parcial no tienes derechos, pero sí los tienes, aunque sean proporcionales”, enfatiza.
El trabajo del hogar es el sector más informal del país, incluso dentro de un contexto nacional donde la informalidad laboral ronda el 70%. En este rubro, supera el 90%, lo que lo convierte en el más vulnerable. Para Martens, las razones van más allá de lo que aparece en el papel. “El trabajo del hogar no es reconocido a veces como un trabajo. Se ve como una ayuda”, señala. “Es un trabajo de cuidados y debe ser revalorado”.
Experiencias de países como Uruguay o Chile muestran que la formalización no ocurre sola. Requiere sistemas de seguridad social efectivos, fiscalización constante y políticas públicas sostenidas.
En el Perú hay algunos avances, como la certificación de competencias laborales o los esfuerzos por profesionalizar el trabajo de cuidados. También existen incentivos, como la posibilidad de deducir aportes a EsSalud en el impuesto a la renta. Pero todavía no es suficiente.
Además, la especialista señala que se trata de un sector altamente feminizado: más del 95% son mujeres. “Hay factores culturales y de género. Es un trabajo desvalorizado porque está feminizado”, afirmó a este diario.
A esto se suma la condición migrante, donde, según el último informe de la OIT, “casi el 46% son migrantes, tanto internas como extranjeras”, precisa. Muchas de ellas, además, asumen tareas de cuidado directo. “Alrededor del 48% cuida a otras personas, no solo realiza labores domésticas”, lo que, sin duda, permite que otras personas salgan a trabajar y que así la economía funcione.
Las consecuencias de esta precariedad son profundas. “Tres de cada cuatro trabajadoras del hogar son el principal sustento económico de su hogar”, señala Martens. Sin contrato ni seguridad social, cualquier imprevisto puede ser devastador. “¿Qué pasa si tengo un accidente? Es un trabajo físico, no puedes hacerlo de manera remota. Si no tienes seguro, no tienes subsidios ni ingresos”, explica.
Lo más preocupante es que la situación es aún más grave a largo plazo. “Trabajas 20 años sin contrato, sin aportes, y me dicen ‘hasta hoy nomás’. No tengo pensión, no tengo nada”, describe. “Muchas llegan a la edad de jubilación en una situación realmente crítica”.
El Estado tampoco logra cerrar la brecha. “La fiscalización es débil y suele ser reactiva”, advierte. Entre 2018 y 2024 se realizaron alrededor de 1.000 inspecciones a nivel nacional, en su mayoría tras denuncias.
Además, persiste una percepción de impunidad. “Hay una idea de que no existen sanciones claras para empleadores”, indica, lo que desincentiva la formalización.
Frente a este escenario, el enfoque debe cambiar. “Se ha trabajado mucho en empoderar a las trabajadoras, pero ahora hay que ir hacia empleadores”, sostiene. “Sensibilizar, facilitar los procesos y que se entienda que no es una ayuda, es trabajo”.
En un país donde el trabajo del hogar sostiene silenciosamente la economía, la pregunta en este 1 de mayo no es solo si hay algo que celebrar, sino qué falta para que estas mujeres también formen parte de esa celebración. “La respuesta pasa por cambiar cifras, pero también por cambiar la forma en que entendemos este trabajo”, concluye Martens.
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