
Tras la fuga de gas ocurrida el 1 de marzo en el distrito de Megantoni, en Cusco, la empresa Cálidda informó, mediante un comunicado, que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el Estado de Emergencia hasta el 14 de marzo, con el objetivo de permitir que la Transportadora de Gas del Perú (TGP) ejecute con la mayor rapidez posible los trabajos técnicos necesarios para superar la contingencia que afecta la entrega de gas natural a los concesionarios de distribución. En este tiempo, se priorizará el abastecimiento para consumidores domiciliarios, comercios y el transporte público masivo, dejando fuera a taxis, vehículos privados y mototaxis.
Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), explicó a La República que el Estado de Emergencia busca resolver la contingencia en un plazo aproximado de 14 días. Indicó que las restricciones buscan asegurar la demanda prioritaria, ya que sin ellas el abastecimiento podría agotarse y afectar también a hogares, comercios y transporte público.
Recordó que cerca de 350.000 vehículos en el país utilizan GNV mensualmente, principalmente taxis y autos particulares, pero con la restricción, deberán optar por combustibles más costosos como la gasolina.
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“El impacto es significativo: el gas natural es 70% más económico que la gasolina y 55% más económico que el GLP, además de generar menores costos de mantenimiento y ser más limpio”, precisó Morisaki.
Asimismo, señaló que la coyuntura geopolítica en Medio Oriente ha provocado un incremento del 10% en el precio del barril de petróleo en los últimos días, lo cual ya viene reflejándose en el aumento del precio de la gasolina y el diésel, tendencia que —advirtió— continuará en los próximos días. En ese escenario, quienes deban migrar a otros combustibles no solo enfrentarán un gasto mayor, sino que además estos combustibles alternativos también están subiendo de precio.
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Añadió que esta situación evidencia el riesgo de depender de un único ducto para el suministro de energía o gas a nivel nacional. Señaló que no existen políticas públicas orientadas a la masificación del gas natural, ni a impulsar su exploración y explotación, lo cual constituye una deficiencia constante: no se planifica hacia el futuro ni se prevén contingencias, y hoy se están viendo las consecuencias.
Por otro lado, advirtió que el transporte de carga también incrementará sus precios, ya que aquellos vehículos que utilizan gas natural deberán migrar temporalmente a gasolina o diésel, combustibles significativamente más costosos. Esta situación se agrava porque dichos combustibles también vienen registrando incrementos de precio, lo que inevitablemente se trasladará al consumidor final.
Señaló también que esta presión sobre los precios ocurre en un contexto ya complicado por fenómenos climatológicos en el norte y sur del país, que afectan diversas vías nacionales y dificultan el ingreso de productos a varias ciudades, lo que añade aún más presiones inflacionarias.
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Por su parte, Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), declaró a a este diario que rechazan la medida al considerar que no se puede privilegiar al transporte público masivo excluyendo al servicio de taxis. Comentó que más de 140.000 taxistas formales y más de 200.000 colectiveros dependen de su actividad diaria para subsistir. En un contexto donde se aproxima el inicio del año escolar —periodo con altos gastos familiares—, la situación se vuelve más crítica.
Carrera advirtió que la restricción afectará la canasta básica y la economía de miles de trabajadores que viven del día a día. Además, calificó la disposición como discriminatoria, señalando que los taxis forman parte del sistema de transporte público especial reconocido por ley, y que deberían estar incluidos en la priorización del suministro. Finalmente, exhortó al Ejecutivo a reconsiderar la medida e incorporar a taxistas de Lima y Callao dentro de las excepciones.
Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), informó, mediante un comunicado, que ante la emergencia en el sistema de transporte de gas natural, viene realizando las acciones de supervisión necesarias para garantizar la seguridad energética del país.
Precisa que supervisará que la asignación y distribución del gas disponible se realicen conforme a los criterios del Minem. Además, mencionó que ha verificado la operación temporal de centrales de respaldo que utilizan diésel, con el fin de mantener la continuidad del servicio eléctrico a nivel nacional.
Según el comunicado, desde el inicio del incidente, Osinergmin desplegó a su equipo de fiscalización para supervisar las acciones de TGP y verificar el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad y continuará realizando estas labores durante toda la emergencia y mantendrá informada a la ciudadanía hasta el restablecimiento total del transporte de gas natural.





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