
El Grupo Parlamentario Bloque Democrático Popular presentó un proyecto de ley que propone que la Nueva Carretera Central, megaobra destinada a reducir el viaje entre Lima y Junín a tres horas, sea ejecutada exclusivamente con recursos públicos.
La iniciativa plantea prohibir expresamente que la obra se desarrolle mediante concesiones, Asociaciones Público-Privadas (APP) o iniciativas privadas que impliquen transferencia de titularidad o explotación económica al sector privado.
Asimismo, establece que la obra sea ejecutada bajo una modalidad estrictamente pública a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). No obstante, contempla apoyo técnico especializado mediante la contratación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y los convenios de gobierno a gobierno (G2G).
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Esto ocurre luego de que la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, señalara que el costo estimado del proyecto se elevó a S/30.000 millones, lo que hace inviable su financiamiento con fondos públicos.
Como mecanismo de financiamiento, la propuesta incluye la creación del Impuesto a la Renta Extraordinaria Minera (IREM), un tributo nacional y permanente que sería independiente del Impuesto a la Renta, las regalías mineras u otros gravámenes aplicables al sector.
El objetivo es que las empresas mineras aporten cuando obtengan ganancias extraordinarias derivadas de contextos de altos precios internacionales de los metales. Además, el proyecto plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera cada año el 3% del IGV recaudado en Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco y Huánuco a una cuenta especial del Tesoro Público. Este mecanismo no sustituye el presupuesto anual, sino que lo complementa.
Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, informó que el costo de la Nueva Carretera Central se elevó a S/30.000 millones, por lo que sostiene este megaproyecto vial no se financiará en su totalidad con fondos públicos, a pesar de que esa era una de las mayores exigencias por parte de los gobernadores de la Macrorregión Centro.
Cabe recordar que, en 2021, cuando el proyecto fue anunciado por el Gobierno de Francisco Sagasti, se señaló que iba a costar S/12.000 millones; sin embargo, la inversión llegó S/24.000 millones, más del doble del monto original.
La escalada de precios inició en 2023 con la revisión de requerimientos técnicos y financieros realizada por el MTC, que argumentó la necesidad de una mayor inversión para garantizar la viabilidad, seguridad y funcionalidad del proyecto.





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