
El Consejo Fiscal (CF) advirtió que la aprobación y aplicación de leyes e iniciativas legislativas con impacto fiscal adverso podrían llevar la deuda pública del Perú a niveles históricamente altos, alcanzando el 70% del Producto Bruto Interno (PBI) en el horizonte de 10 años, muy por encima del límite transitorio de 38% fijado en la regla fiscal.
Durante la presentación, también señalaron que este deterioro fiscal incrementaría el pago de intereses de la deuda a niveles no vistos en tres décadas, lo que reduciría el espacio para el gasto en servicios públicos y cierre de brechas sociales.
“El peso de los intereses de una deuda creciente en el gasto público puede multiplicarse por casi cuatro en los próximos años, afectando directamente el bienestar de la población”, advirtió Carolina Trivelli, economista y exministra de Desarrollo e Inclusión Social.
“Lo que está en riesgo es una de las joyas de la corona del Perú: la estabilidad macroeconómica. Si la deuda sigue creciendo, eso pasa factura en costos de financiamiento, en precios, en creación de empleo y en inversión”, advirtió Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. "Perú no puede soportar un ratio de deuda de 60% como Brasil”, alertó.
De acuerdo con el organismo técnico autónomo, en los últimos cinco años se ha producido un incremento sin precedentes en la cantidad de normas que elevan el gasto público sin financiamiento identificado o reducen los ingresos del Estado.
Entre agosto de 2021 y octubre de 2025, el actual Parlamento ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal adverso, más de tres veces el promedio registrado en los periodos legislativos anteriores.
El Consejo Fiscal precisó que muchas de estas normas fueron promulgadas por insistencia, es decir, pese a las observaciones técnicas del Poder Ejecutivo.
En total, 101 leyes de este tipo suman un costo fiscal acumulado de S/35.795 millones, y en varios casos el Ejecutivo optó por no interponer observaciones ni acudir al Tribunal Constitucional (TC).
Entre las leyes de mayor costo fiscal figuran el pago de la bonificación por clases a docentes (Ley 31495), el incremento del FONCOMUN (Ley 32387), la actualización del bono de reconocimiento de la ONP (Ley 31729) y la creación de Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (Ley 32392). Cada una de ellas implica gastos o menores ingresos para el Estado por miles de millones de soles.
Asimismo, el CF alertó que existen actualmente 352 iniciativas legislativas en trámite con potencial impacto negativo sobre las finanzas públicas. Las diez más costosas tendrían un costo fiscal anual cercano a S/25.000 millones, equivalente a 18 veces el presupuesto de Pensión 65 o 23 veces el de Juntos para 2026.
Según las proyecciones presentadas, la implementación conjunta de las leyes aprobadas y las iniciativas en debate podría elevar el déficit fiscal en 5 puntos porcentuales del PBI, respecto del escenario previsto en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM).
El informe también advierte que este deterioro fiscal incrementaría el pago de intereses de la deuda a niveles no vistos en tres décadas, lo que reduciría el espacio para el gasto en servicios públicos y cierre de brechas sociales.
Finalmente, el Consejo Fiscal sugirió que el Tribunal Constitucional incorpore en sus criterios la sostenibilidad fiscal y la coordinación previa con el Ejecutivo para iniciativas que generen gasto público, e incluso que invite al propio Consejo como amicus curiae en futuras demandas relacionadas con esta materia.

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