Más de US$10.000 millones se pierden cada año por economías ilegales en el Perú

Durante el Aula Magna PUCP 2025, el economista Dante Vera Miller, director fundador de V&C Analistas, presentó un diagnóstico actualizado sobre las economías ilegales y las organizaciones criminales en el Perú, alertando sobre su expansión y creciente influencia territorial, política y económica.

“No conocemos en su verdadera profundidad lo que la minería ilegal y las economías criminales significan hoy para el país. Necesitamos mayor investigación y comprensión para diseñar políticas públicas eficaces”, subrayó Vera.

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Su exposición, titulada “Economías ilegales en el Perú: diagnóstico 2025”, propuso un enfoque sistémico para entender el fenómeno, donde las economías ilícitas funcionan como cadenas de valor que articulan territorio, gobernanza, mercados transnacionales y acumulación de poder.

Un sistema criminal que infiltra el Estado

El especialista explicó que el crecimiento exponencial de las economías ilegales se explica por la infiltración de organizaciones criminales transnacionales en los eslabones comercial, logístico y financiero de las cadenas productivas ilícitas.

“Estas redes capturan territorio, instituciones y estructuras del Estado. Extienden la corrupción, ejercen extorsión y dominan poblaciones locales, imponiendo una gobernanza criminal con brazo armado, legal y político”, advirtió.

Entre los mecanismos claves que fortalecen esta relación, Vera destacó:

• El financiamiento transnacional, mediante lavado de activos (TBML), bitcoin y dinero en efectivo.
  
• La diversificación criminal, que aumenta la resiliencia operativa de las redes ilícitas.
  
• La captura local, que amplía la corrupción y el control territorial.

Zonas grises, precios del oro y precariedad estructural

De acuerdo con Vera Miller, el Perú enfrenta un contexto propicio para la expansión del crimen organizado: zonas grises regulatorias, controles débiles en fronteras y puertos, y una informalidad laboral de hasta 92% en algunas regiones.

Entre los shocks externos que explican esta realidad mencionó:

• El alza del oro, que superó los US$4.000 la onza, incentivando la minería ilegal.
  
• La pandemia y los flujos migratorios que intensificaron la vulnerabilidad social.
  
• La precariedad económica estructural, que empuja a miles hacia actividades ilícitas como medio de subsistencia.

Economía criminal cobra más de US$10.000 millones

Según datos trabajados por V&C Analistas junto a CHS Alternativo, Ricardo Valdés y Carlos Basombrío, el valor de las economías criminales en el Perú superó los US$10.000 millones en 2022, y se habría incrementado significativamente hacia 2025.

Entre sus principales componentes destacan:

• Minería ilegal. No existe una data oficial sobre su producción, pero se calcula que su impacto supera con creces a la minería formal en varias regiones.
  
• Tráfico ilícito de drogas. Aunque la superficie cultivada de hoja de coca se redujo en el VRAEM, aumentó en zonas como Madre de Dios, Contamana y Putumayo.
  
• Tala ilegal. La pérdida de bosques alcanzó 132.000 hectáreas en 2023, aunque se revirtió la tendencia al alza de años anteriores.

Minería ilegal: sistema de poder económico, social y político

Vera enfatizó que la minería ilegal no es un problema caótico ni puramente legal, sino un sistema estructurado con reglas propias, líneas de financiamiento, acopio y exportación.

“Tiene trazabilidad, normas internas y capacidad de captura territorial. Copta y desplaza al Estado. Su efecto es una dependencia económica local y un riesgo directo para la gobernabilidad democrática”, advirtió.

El economista diferenció claramente la minería ilegal del trabajo de los pequeños mineros y mineros artesanales, quienes muchas veces operan dentro del proceso de formalización mediante el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera).

Sin embargo, advirtió que el Reinfo “oculta una economía subterránea” donde se han infiltrado operadores ilegales, lo que termina estigmatizando a los mineros en proceso de formalización.

Brechas, exportaciones y lavado de oro

El análisis de V&C Analistas revela una brecha alarmante entre la producción y exportación de oro en el Perú. Mientras el Ministerio de Energía y Minas registró 108 toneladas producidas en 2024, las aduanas reportaron 200 toneladas exportadas legalmente. 

“¿Quién produce las 92 toneladas de diferencia? No es contrabando: son exportaciones legales, pero con trazabilidad opaca. Hay mezcla de flujos, subdeclaraciones y lavado de dinero en el comercio”, explicó.

Vera cuestionó que no se investigue el rol de las plantas procesadoras, casas compradoras y exportadoras de oro, cuyos RUC suelen cambiar cada dos años, dificultando el rastreo financiero.

El mapa criminal del Perú

Con apoyo del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo, V&C Analistas ha elaborado un mapa preliminar de economías ilícitas, que muestra tres zonas críticas:

1. Zonas de trasiego fronterizo (de Zarumilla a Tacna): áreas con contrabando, narcotráfico y minería ilegal donde “pasa de todo”.
   
2. Zonas de extracción y producción (Madre de Dios, Ucayali, Puno): territorios donde las organizaciones criminales controlan recursos como oro, coca y madera.
   
3. Zonas de exportación (Paita, Callao, Ilo, Matarani, e incluso el lago Titicaca y el río Amazonas): puntos de salida y transporte de mercancías ilícitas.

Estas zonas, señaló, están casi ausentes del control estatal y muestran un reemplazo efectivo del Estado por estructuras criminales.

Extorsión, impunidad y urgencia de reforma institucional

Vera cerró su intervención advirtiendo que la extorsión es hoy el delito más extendido en el país, reflejo de una demanda de justicia insatisfecha.

“El ciudadano siente que el Estado no lo defiende. Esa es la raíz del hartazgo y de la conciencia de impunidad”, dijo.

Por ello, propuso una intervención inmediata sobre los operadores de justicia —Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE—, a través de una comisión mixta con participación ciudadana, para frenar la corrupción y restaurar la confianza institucional.

“Si logramos eso, podremos alinear a la sociedad civil y al Estado en una acción conjunta para enfrentar el poder de las economías criminales”, concluyó.