
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo por primera vez el límite máximo a las tasas de interés que las entidades financieras pueden aplicar a los créditos. Aunque la medida apunta a proteger a los consumidores de la usura, especialistas advierten que podría cerrar el acceso al financiamiento formal para miles de micro y pequeñas empresas (MYPE) y trabajadores informales, impulsando el crecimiento del crédito ilegal tipo “gota a gota”.
Desde que el Congreso aprobó la norma en 2021, el tope de las tasas para préstamos en soles subió de 83,4% en mayo de ese año a 115,14%, reflejando la tendencia alcista del mercado. Sin embargo, a partir de noviembre, el nuevo techo será de 113,16%, según la tasa promedio de los créditos de consumo registrada en los últimos seis meses.
De acuerdo con Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de la Pacífico Business School, la medida tiene un efecto mixto. Por un lado, limita el cobro de tasas excesivas en productos como la disposición de efectivo con tarjetas de crédito —que antes superaban el 120%—, pero también restringe la capacidad de las instituciones financieras para atender a clientes nuevos o de mayor riesgo, especialmente en el segmento MYPE.
Carrillo explica a este diario que, en el caso de las microfinancieras o cooperativas, los costos de riesgo y operación pueden elevar las tasas reales hasta 150% o 180%, sin generar grandes márgenes de ganancia. Con un tope más bajo, muchas de estas entidades podrían optar por no prestar a los emprendedores o trabajadores informales, lo que empujaría a este grupo hacia los préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, que operan sin regulación y con prácticas coercitivas.
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“Una norma pensada para proteger al consumidor puede terminar perjudicando la inclusión financiera”, advirtió el especialista, al subrayar que el impacto real podría ser contraproducente para la democratización del crédito.
El economista y exministro de Economía Pedro Francke sostiene una visión distinta. Si bien reconoce que la tasa máxima —por encima del 100%— sigue siendo “muy alta” e incluso puede considerarse usurera en algunos casos, discrepa de que la reducción perjudique al crédito de las MYPE.
Según explicó a La República, las pequeñas empresas suelen pagar tasas promedio de entre 40% y 60%, muy por debajo del nuevo límite fijado por el BCRP. Por tanto, el ajuste no debería tener un impacto significativo en su acceso al crédito.
“El mercado de préstamos para pequeñas empresas no está por encima del 100%. Los créditos con tasas tan altas son los de consumo, los que ofrecen tiendas como Saga Falabella, Ripley o Curacao para financiar televisores o electrodomésticos”, señaló.
Francke considera además que mantener un tope resulta necesario para evitar abusos en este tipo de préstamos, especialmente en un contexto de baja educación financiera. “Muchas personas no dimensionan el verdadero costo de endeudarse con tasas de tres dígitos. Por eso, establecer un límite me parece adecuado”, añadió.
Los topes a las tasas no son una disposición reciente: rigen desde mayo de 2021. En ese periodo, el límite siempre había aumentado, acompañando la evolución del mercado. Esta es la primera vez que disminuye, reflejando la baja general de las tasas de los préstamos y la reducción de la tasa de referencia del BCRP.
Carrillo precisa que el recorte no responde a una decisión arbitraria, sino al resultado de una fórmula técnica que calcula el promedio de las tasas de crédito para MYPE y personas naturales de los últimos seis meses.
Con esta medida, el BCRP mantiene la coherencia técnica de su método de cálculo. Sin embargo, el debate sobre los efectos reales de los topes sigue abierto: mientras busca abaratar el crédito y proteger al consumidor, podría profundizar la exclusión financiera al dejar fuera del sistema a los emprendedores de menor tamaño o con historial limitado.

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