
Durante la última conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, expuso los 11 temas consensuados entre los integrantes de la mesa técnica de formalización minera, que ya fueron enviados a la Comisión de Energía y Minas del Congreso para formular el dictamen de la Ley Mape.
Como es de conocimiento público, dicho documento no tiene un carácter vinculante y no ha incluido los aportes de la Confemin, debido a que este gremio se retiró del espacio de diálogo multisectorial. No obstante, para el titular del Minem, esta norma "debe aprobarse cuanto antes para dar seguridad a la pequeña minería y minería artesanal".
"El Perú necesita una sola minería, no tres minerías distintas ni regímenes temporales que se prolongan indefinidamente. Las prórrogas aplicadas desde 2019 han tenido resultados nefastos para el país, y el Ejecutivo se mantendrá firme para evitar retrocesos”, declaró Montero a los medios de comunicación.
Para el abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, la Comisión de Energía y Minas del Congreso es autónoma y no está obligada a tomar estos aportes de la mesa técnica de formalización minera. En su opinión, este tipo de propuestas responden más a intereses políticos que a un enfoque técnico.
"Hay que recordar que el Ejecutivo ya había presentado el año pasado el proyecto de Ley Mape. Luego, el Minem envió una propuesta adicional que tenía visos de inconstitucionalidad al pretender reactivar prácticas prohibidas como la minería aluvial en cuerpos de agua. En este último contexto de conflicto, se han enviado 11 propuestas que no tienen un carácter vinculante. Creo que el nuevo presidente de la Comisión de Energía y Minas tiene una ruta trazada a favor de los mineros informales", anotó.
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Uno de los puntos que compartió el ministro de Energía y Minas ante la opinión pública fue un nuevo régimen simplificado de inicio y reinicio de actividades mineras, el cual está incluido en el documento de aportes de la nueva Ley Mape. Además, destacan beneficios tributarios para titulares de concesiones y empresarios de la pequeña minería.
"También, se está poniendo el derecho de preferencia para que pequeños mineros y artesanales que trabajan en concesiones extinguidas puedan acceder a la titularidad y de esa manera, pasen a la formalidad. Otro tema fundamental es la creación de un fondo minero, herramienta para el desarrollo de la sostenibilidad y de la competitividad en la Mape", agregó.
De igual forma, se arribaron a puntos de acuerdo respecto a la promoción y asistencia técnica para pequeños mineros y mineros artesanales, la inclusión financiera, incentivos a la suscripción de contratos de explotación, así como la implementación de una plataforma tecnológica que permita registrar en tiempo real las transacciones comerciales.
Finalmente, Manero enfatizó que el objetivo de este gobierno es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la Mape, así como la protección del ambiente. Por lo pronto, dicho documento con aportes ya está en manos de la Comisión de Energía y Minas que preside el parlamentario de Juntos por el Perú, Víctor Cutipa.
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Al ser consultado sobre el proyecto de ley de Roberto Sánchez para ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 o cuando entre en vigencia la Ley Mape, Víctor Cutipa indicó a los medios de comunicación que deberá ser tratado en las sesiones ordinarias de la Comisión de Energía y Minas. No obstante, dejó en claro que será el pleno de este espacio el que decida el destino de la norma.
“Hay que abordarlo, hay que discutir, hay que tratar no solamente en esta comisión, sino que tenemos que ir al campo. Nos iremos a los diferentes lugares del país donde tengan problemas con minería o pequeña minería, pero también con gran minería. Vamos a abordar todo”, declaró a los medios de comunicación.
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Frente a la reiterada falta de consenso político sobre la Ley Mape, César Ipenza comparte una salida: si este dictamen va a reproducir un conjunto de facilidades a los mineros informales y a los operadores ilegales, lo mejor es que se siga extendiendo el registro administrativo por un año más y que se implementen todos los mecanismos del sistema interoperabilidad para fortalecer la fiscalización.
"Yo tendría un planteamiento más radical ante una situación adversa que atraviesa el país. Luego de sincerar el Reinfo, pensemos en la posibilidad de ampliarlo por un año más y evaluemos si las condiciones en medio de un año electoral, están dadas para aprobar una nueva Ley Mape, que va a regir por las próximas década", anotó.

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