Ley Mape: entrampamiento continuaría bajo la conducción de JP en Comisión de Energía y Minas
La bancada de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y Bloque Magisterial liderará el debate de la Ley Mape, pese al fracaso de las dos últimas legislaturas. No asoma el consenso entre los grupos parlamentarios que deberán decidir el destino de esta norma antes de finalizar el año.
La República en GoogleFuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre se adjudicaron las presidencias de las comisiones más importantes del Congreso en sintonía con su alineamiento para conformar la Mesa Directiva. En dicho espacio de negociación dejaron abierta la posibilidad para que la coalición Juntos por el Perú (JP), Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial lidere la Comisión de Energía y Minas.
Ha trascendido que Roberto Sánchez sería el elegido para encabezar este grupo de trabajo que no pudo aprobar en la legislatura anterior la Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape). No obstante, dicha decisión no ha sido oficializada y lo único certero es que lo acompañará Diana Gonzáles en la vicepresidencia, junto a otro congresista de Somos Perú que sería Paul Gutiérrez.
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Los últimos dos ya fueron parte de la anterior Mesa Directiva de la Comisión de Energía y Minas y el panorama no se muestra auspicioso para que la propuesta de Ley Mape progrese. A ellos se sumarán otros legisladores como Eduardo Salhuana de Alianza Para el Progreso, denunciado por tener vínculos con el lobby de la minería informal e ilegal, Segundo Montalvo de Perú Libre y Segundo Quiroz de APP, ambos facilitadores de las reuniones entre la Confemin y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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No hay que dejar de lado que la desintegrada bancada del Bloque Magisterial (BM) se ha reubicado en Juntos por el Perú y Somos Perú, la primera con dos integrantes y la segunda con tres en este espacio de legislación sobre temas mineros. Precisamente, este grupo parlamentario que fue cercano al expresidente Pedro Castillo, ha controlado la comisión por dos años continuos bajo la tutela de Quiroz y Gutiérrez.
Sus resultados fueron ampliar el Reinfo hasta junio de este año con una prórroga ya ejecutada por seis meses más y un predictamen de Ley Mape que prolongaba el modelo fracasado de formalización minera. Con el inicio de la legislatura, su disolución e ineficiente gestión allanaron el camino para que pierdan la conducción de la Comisión de Energía y Minas, que recaerá ahora en JP-VP-BM.
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"Estaremos atentos y firmes frente a cualquier intento de promover medidas populistas o técnicamente inviables como han sido en los últimos dos años. Desde Avanza País vamos a ejercer una posición responsable, exigiendo que cualquier predictamen pase por un debate amplio, transparente y con sustento técnico", indicó a este medio la parlamentaria Diana Gonzáles.
A su juicio, existe mucho cálculo político detrás de la nueva composición de la Comisión de la Comisión de Energía y Minas, en el marco de un año preelectoral. Además, se han incorporado más congresistas que son afines a aplazar nuevamente el Reinfo, lo cual podría configurar un escenario de entrampamiento para la Ley Mape.
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A contraparte, Guido Bellido de Podemos, declaró a La República que la aprobación de esta norma será de suma prioridad en esta legislatura y prefiere esperar el desarrollo de las primeras sesiones de la comisión para analizar su abordaje. Sin embargo, no deja pasar la oportunidad de advertir que hay una campaña de estigmatización contra la minería artesanal que busca confundirla con la ilegal.
Tomando en cuenta estas posiciones y la persistente ausencia de consenso político sobre la Ley Mape, José De Echave, investigador de CooperAcción, había advertido que es posible que termine el año y no se apruebe esta norma. Por el contrario, continuaría la misma espiral de impunidad bajo el Reinfo, como ha ocurrido anteriormente. Y es que, algunas bancadas del Congreso buscan mantener este escenario de polarización y negociación para utilizarlo con fines electorales.
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Un factor a tomar en cuenta es que el congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó a inicios de julio un proyecto de ley que busca extender el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 o cuando entre en vigencia la Ley Mape. Dicha iniciativa se justifica en la necesidad de proteger a los más de 50.000 trabajadores mineros que fueron excluidos del proceso de formalización minera por no cumplir los requisitos mínimos.
Para el abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, resulta preocupante que bancadas con este tipo de iniciativas legislativas presidan la Comisión de Energía y Minas, ya que demuestran una complacencia con la minería informal. En su opinión, la Mesa Directiva del Parlamento debería trasladar la responsabilidad de discutir la Ley Mape a una comisión especial que actúe de forma imparcial.
Esta propuesta ya había sido compartida por las congresistas Karol Paredes y Ruth Luque, quienes evaluaban la presentación de una moción para crear este grupo de trabajo que proponga un predictamen con equilibrio entre la rigurosidad técnica y la visión de los pueblos indígenas respecto al cuidado del ambiente.
"Debemos pensar qué es lo más conveniente para el país: si una Ley Mape hecha a medida y que vaya en contra de los derechos o si se amplía el mecanismo del Reinfo con la fiscalización que se deba tener, porque hoy tenemos un número manejable, pero que se puede ir sincerando. Es decir, que el Estado se quede con quienes correspondan y se avance con ellos, nada más", agregó Ipenza.
Mientras tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció la presentación de una nueva propuesta de Ley Mape, que sería diferente a la iniciativa del exministro Rómulo Mucho. Para el abogado, el Ejecutivo ha "jugado" también a favor de la minería informal y ha continuando facilitándoles el camino a través de reiteradas concesiones.
