
La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro) anunció que realizará una movilización el próximo 21 de agosto contra la decisión del Pleno del Congreso de aprobar la conocida Ley Chlimper 2.0 que otorga una serie de beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras. En esa línea, demandaron al gobierno de Dina Boluarte que observe esta norma cuyo costo fiscal ascendería a S/1.880 anuales y cerca de S/20.000 millones en 10 años.
"Rechazamos rotundamente la aprobación de esta nefasta ley. Tal y como lo denunciamos públicamente, se trata de una norma hecha con la exclusiva finalidad de beneficiar a un grupo de grandes empresas millonarias, interesadas en pagar menos tributos, apropiarse de los recursos naturales y contar con un trabajo barato", manifestaron a través de un pronunciamiento.
Según recordaron los trabajadores, la agroexportación es una actividad de alta rentabilidad, que crece a un ritmo de 15% anual desde el 2000. Sus ventas se han multiplicado 28 veces desde aquel año y éstas se concentran en pocas manos, ya que solo 15 compañías controlan la tercera parte del negocio.
Recalcaron que la Ley Chlimper 2.0 no solo genera impactos a nivel fiscal, sino evidentes limitaciones a la inspección laboral. La norma recortará las funciones de Sunafil al 25% de su capacidad, al momento de actuar en grandes empresas agrarias y se pasará a formato digital todos los documentos como contratos, boletas y otros, lo que podría ocasionar situaciones de abuso y fraude.
"Hacemos un llamado a toda la masa trabajadora agraria a concentrarse en cada región del país para salir este jueves 21 de agosto a las calles. Exigimos al gobierno que observe y no promulgue esta nefasta ley que solo expresa el saqueo y la explotación que padece el Perú que carga en las espaldas del trabajador", enfatizaron.
A su turno, la Asociación Nacional de Productores Agroecológicos (ANPE), manifestó que la aprobación de la nueva ley agraria refuerza la marginación de las autoridades hacia quienes producen día a día los alimentos. En su opinión, los 43 congresistas que votaron a favor de esta norma son cómplices de un modelo que prioriza los intereses de un reducido grupo empresarial.
"Desde ANPE repudiamos enérgicamente esta ley, hecha a la medida de un sector privilegiado, así como las expresiones de desprecio del ministro Manero, quien anteriormente ha insinuado que si la agricultura no resulta rentable para los pequeños productores, debería dejar de producir y dedicarse a otra actividad", sentenciaron.
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En diciembre del año 2020 el gobierno aprobó la Ley Agraria N° 3110, que introdujo, entre otros aspectos, una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), la cual equivale al 30% de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Para la Fentagro, el siguiente objetivo de los empresarios es ponerle fin a esta bono y afectar más los derechos laborales.
"Cuando fue derogada la Ley 27360, que costó la vida de los tres mártires, los capitalistas agrarios se pusieron como objetivo recuperar sus viejos beneficios. Ya han logrado aportar solo 6% a EsSalud y con esta ley volverían a pagar solo 15% de impuesto a la renta. El siguiente paso es el bono Beta, como estaba en el proyecto de ley inicial", anotaron.
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Recientemente, el ministro Ángel Manero indicó que desde el Poder Ejecutivo se alistan siete decretos legislativos. Uno de ellos buscaría otorgar un subsidio adicional equivalente al 50% del Bono Beta, con el propósito de que las empresas puedan comprar tierras en las siguientes subastas de los proyectos de irrigación.
Para el economista Eduardo Zegarra, "el ministro Manero busca regalarle S/740 millones anuales adicionales a sus amigos agroexportadores para que estos compren tierras que el Estado habilita usando recursos públicos. Con esta barbaridad total de exoneraciones y subsidios a grandes agroexportadoras llegará a S/28.000 millones en los próximos 10 años".

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