
Con 43 votos a favor, 32 en contra y 17 abstenciones, el Pleno del Congreso ratificó en segunda votación el texto sustitutorio de la nueva ley agraria (Ley Chlimper 2.0) pese a las reiteradas alertas del Consejo Fiscal y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), toda vez que la iniciativa golpea el erario nacional al generar un forado fiscal de S/1.880 millones anuales. Posteriormente, se presentó un pedido de reconsideración, pero no logró reunir los votos necesarios para revertir la aprobación.
La medida, avalada por una fuerza abrumadora del fujimorismo, reduce el impuesto a la renta (IR) de las empresas agroexportadoras de 29,5% a 15% hasta el año 2035, lo que implicaría una pérdida de S/20.000 millones, según un cálculo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
"Las agroexportadoras logran sus privilegios con el aval de su ministro de agricultura (Ángel Manero)", indicó la parlamentaria del Bloque Democrático Ruth Luque. A su turno, el legislador Carlos Anderson sostuvo que la política sectorial del agro ha sido exitosa, pero "en ninguna parte del mundo que yo conozca se le da ese beneficio por 20 años". "Si es buen negocio y consolidado el sector agroexportador, ¿por qué necesita más estímulo? Esto huele a otra cosa", indicó el congresista.
Así fue la votación que dio luz verde a la ley que dota de beneficios tributarios a agroexportadoras. Foto: Congreso.
Recordemos que las exportaciones agropecuarias no tradicionales crecieron crecieron 28 veces desde el año 2000, generando altos niveles de rentabilidad empresarial y empleo formal. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, este crecimiento no ha ido de la mano con una mejora en los ingresos y condiciones laborales de los trabajadores. Según cifras, el 94% de los trabajadores de la agroexportación está bajo contratos temporales, a pesar de que la mayoría realiza labores de naturaleza permanente.
La congresista Silvana Robles indicó que gremios agrarios como "Conveagro y la Junta Nacional de Café han advertido que esta ley Chlimper amenaza la agricultura familiar, considerado un pilar de la seguridad alimentaria de nuestro país y pone en riesgo la sostenibilidad de más de 1.000 cooperativas".
Ahora todo queda en manos del Poder Ejecutivo, que a todas luces se ha mostrado abiertamente a favor de esta ley a través del ministro de Agricultura, Ángel Manero. En declaraciones a la prensa, indicó que en caso el Congreso ratifique la ley, el Gobierno la iba a promulgar.
En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por Raúl Pérez-Reyes, la postura ha sido más cauta en comparación con la de su antecesor, José Salardi, quien tuvo una mayor participación en reuniones con los gremios empresariales, impulsores de esta medida.
Según un informe técnico del MEF, siete grandes empresas agrarias se beneficiarán con este privilegio tributario. En lista figuran Camposol, Complejo agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú. En el caso de las vitivinícolas se beneficiarían empresas como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero.
El estudio técnico del MEF concluyó que la medida que prorroga el recorte del impuesto a la renta hasta el 2035 "no tienen ninguna justificación y resulta antitécnico", considerando que por su naturaleza los mecanismos de liberación tributaria deben ser en principio temporales, a fin de no perennizar las desigualdades y distorsiones que se generan respecto del sistema tributario base como consecuencia de la aplicación de dichos tratamientos preferenciales.
La agroindustria es el segundo rubro exportador después de la minería. Ello se refleja en el aumento constante del valor de las exportaciones, que pasó de US$394 millones en el 2000 a US$12,798 millones el 2024; es decir 32 veces más. Frente al 2023, el último año representó un aumento de 21,4%.

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