Midagri impulsará ley agraria en un decreto legislativo: "Es un chantaje al Congreso", cuestiona Conveagro
Gremio de productores agropecuarios se pronunció en contra de la insistencia del ministro Ángel Manero en darle luz verde a esta norma que sería incluida en un paquete de decretos legislativos.
La República en GoogleEl ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, busca que la denominada "Ley Chlimper 2.0" sea incorporada en un paquete de decretos legislativos si es que el Parlamento no logra aprobarla en el periodo venidero. Esta nueva estrategia para viabilizar la norma ha generado el rechazo de la Convención Nacional del Agro (Conveagro) y especialistas en la materia.
De acuerdo con Luis Cruz, gerente de Conveagro, se trata de "un chantaje al Congreso", que aprobó en primera votación este dictamen de la Comisión Agraria y que se encuentra pendiente de resolución. Como el titular del Midagri duda de su validación, pretendería darle luz verde a partir del pedido de facultades legislativas que haría el Poder Ejecutivo.
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"El ministro Manero hace un chantaje al Congreso. Les dice: si ustedes no lo aprueban, yo tengo la capacidad de poner en los dispositivos legales que vamos a aprobar, pidiendo las facultades extraordinarias para legislar. Menciona cinco o seis normas, las cuales buscan beneficiar a los grandes agroexportadores", enfatizó.
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Las declaraciones de Manero se conocieron en el diario Gestión. Además de la ley agraria, se incluiría otro tema referido a la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (Bono BETA), que para Cruz, se trata de un recorte de los derechos de los trabajadores de las agroindustrias. De igual forma, cuestiona la reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que ejecuta el gobierno, puesto que debilita su capacidad fiscalizadora y estaría orientada a favorecer a empresas de la agroexportación.
Según el dirigente de Conveagro, el Poder Ejecutivo insiste en promover la Ley Chlimper 2.0, pese a que fue el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el que advirtió acerca de su impacto fiscal. Y es que esta norma implicaría una disminución anual de alrededor de S/1.850 millones, así como S/20.000 millones menos de recaudación tributaria en los próximos diez años.
Eduardo Castillo de Fuerza Popular fue uno de los promotores del dictamen de la Ley Chlimper 2.0. Foto: composición LR/Congreso/Andina
"La Ley Chlimper que apoya el Ejecutivo y el Midagri solo ayuda a 50 grandes empresas agroexportadoras con beneficios tributarios, dejando de lado a la agricultura familiar. Esta norma amplía algunos beneficios que tiene la pequeña agricultura familiar a las grandes empresas, como el caso de las compras estatales, que obliga al Estado a comprar un porcentaje de productos en los programas sociales de alimentación", refirió.
Como se recuerda, las principales compañías beneficiadas con los alcances de esta norma, que propone reducir el Impuesto a la Renta (IR), de 29,5% a 15% en 10 años, serían Camposol, Danper Trujillo, Complejo agroindustrial Beta, Agrícola Cerro Prieto, Ecosac Agrícola, Sociedad Agrícola Drokasa, Agrovisión Perú y Ecosa Agrícola. Todas ellas ya vienen gozando de los alcances de la Ley N° 31110 y son las que tienen más exportaciones.
Más regalos tributarios
A través de su cuenta de X, el economista e investigador de Grade, Eduardo Zegarra, cuestionó los recientes anuncios del ministro Ángel Manero. Además de la "Ley Chlimper 2.0", desde el Midagri se pretendería otorgar un subsidio adicional equivalente al 50% del Bono Beta, lo que representaría cerca de S/740 millones anuales que saldrían de las arcas públicas.
"Es decir, el ministro busca regalarle S/740 millones anuales adicionales a sus amigos agroexportadores para que estos compren tierras que el Estado habilita usando recursos públicos. Con esta barbaridad total de exoneraciones y subsidios a grandes agroexportadoras llegará a S/28.000 millones en los próximos 10 años. No tienen pudor para seguir succionando recursos del fisco para sus intereses particulares", anotó.
Precisamente, Zegarra y otros economistas, profesores, así como exfuncionarios del Estado advirtieron hace algunos meses que se viene desplegando una campaña por parte de gremios empresariales para lograr la aprobación de la Ley Chlimper 2.0, cuyo objetivo principal objetivo es mantener las tasas de ganancias de un sector de empresas ya consolidado, a costa de la calidad de vida y precariedad en el empleo de los trabajadores.
