
Luego de escuchar el mensaje a la Nación que dio la presidenta Dina Boluarte, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) reiteró la necesidad de incrementar la remuneración mínima vital que actualmente alcanza los S/1.130. Y es que si bien se efectuó un aumento de S/105 en el 2024, dicha cifra no refleja una mejora en el poder de compra de los trabajadores.
Sumado a ello, el gobierno no ha convocado hasta el momento al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) para retomar la discusión de los criterios técnicos que permiten contar con una política institucionalizada de fijación de la RMV. En esa línea, Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP pide lo siguiente:
"Los trabajadores y trabajadoras no tenemos esperanzas de mejora reales. Sin embargo, requerimos de decisiones políticas que se traduzcan en acciones concretas. Es urgente el incremento de la remuneración mínima vital para atender las necesidades básicas de nuestras familias (alimentación, salud, educación, vivienda", declaró a este medio.
De igual forma, recordó que existe un acuerdo desde el 2007 en el CNTPE que establece que todos los incrementos de la RMV deberían ser progresivos hasta alcanzar el monto de la canasta básica de consumo familiar, que está fijada en S/1.816, considerando cuatro personas. Tengamos en cuenta que un trabajador que gana el sueldo mínimo, está sujeto a descuentos por el aporte de pensiones, lo cual termina configurando un salario de S/892, valor que está debajo de la línea de pobreza extrema.
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El aumento de la RMV no es el único pedido de la CGTP, que cuestiona al gobierno de Dina Boluarte por ser responsable de la muerte de decenas de peruanos que protestaron entre diciembre de 2022 y los primeros meses del 2023. Levantan su voz de protesta contra la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado y las economías ilegales.
"La inseguridad y la expansión de las economías ilegales deben ser enfrentadas con decisión. El crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción, amenazan la vida de los ciudadanos y socavan la democracia. El Estado tiene el deber impostergable de recuperar el control territorial y fortalecer su capacidad operativa y de gestión", indicaron en un comunicado junto a la Confiep.
Además, plantean poner un alto a los despidos "ilegales y fraudulentos" contra los trabajadores en el sector público y sector privado, en especial, dirigentes y empleados que forman parte de sindicatos. En más de una oportunidad, han venido denunciando el "shock desregulatorio" del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que recorta derechos laborales y consolida la precarización del empleo.
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Para Gustavo Minaya, el Poder Ejecutivo debe concentrarse en este último tramo de gestión en generar empleo digno y sostenible para enfrentar la informalidad y la pobreza. De igual forma, tiene que promover una reforma integral de las normas legales para un adecuado ejercicio de la libertad sindical.
"Es importante el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019 para que las pensiones de nuestros jubilados no sea menor al sueldo mínimo vital, así como la derogatoria inmediata de todas las leyes pro crimen y aquellas que vulneran la protesta social. Por supuesto, la bandera principal de los trabajadores y trabajadoras es el inmediato cambio de la Constitución Política del Perú, para reconstruirnos como Estado y como Nación", sentenció

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