
La nueva Mesa Directiva del Congreso se instaló oficialmente y recibió a Dina Boluarte para escuchar su Mensaje a la Nación. Su presidente es José Jerí, quien ha sido titular de la Comisión de Presupuesto en el 2023 y afronta una serie de denuncias por presunta violación y enriquecimiento ilícito. Lo acompañan en esta instancia de dirección Fernando Rospigliosi, expresidente de la Comisión de Constitución, el perulibrista Waldemar Cerrón e Ilich López, expresidente de la Comisión de Economía.
Entre los principales temas que el Parlamento deberá resolver antes de las elecciones generales del 2026, destacan la aprobación de la Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape), la Ley del Presupuesto Público 2026, la Ley Chlimper 2.0, los proyectos de retiro AFP, la creación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), entre otras.
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Gremios como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la propia Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) coinciden en que uno de los principales temas a definir en esta nueva legislatura debe ser el futuro de la Ley Mape. Si bien, no ha existido un consenso político al respecto, se espera que con la renovación de la Comisión de Energía y Minas, otro sea su destino.
Incluso, el propio presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, dijo a los medios de comunicación que la mesa de diálogo entre el gobierno y los mineros informales abordará el tema y propondría alternativas que ayuden a desentrampar los cuellos de botella. Precisamente, algunos de los temas que han generado discrepancias en el Congreso son: la exención de responsabilidad penal, la inclusión de la servidumbre minera, el establecimiento del derecho de preferencia para formular petitorios mineros en comunidades campesinas nativas y pueblos indígenas, entre otros.
El Congreso intentó aprobar la Ley Mape, pero no tuvo mayor éxito. Foto: composición LR/Congreso
En el peor de los escenarios, el investigador de CooperAcción José De Echave advirtió a este medio que las aspiraciones de algunos legisladores ad portas del venidero proceso electoral podrían dificultar la aprobación de la Ley Mape. En su lugar, se terminaría volviendo a ampliar el Reinfo, que ha servido como un manto de impunidad para los operadores de la minería ilegal.
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Una de las tareas más complejas que tendrá el Congreso será la de aprobar la Ley de Presupuesto Público 2025. Es la última oportunidad del Ejecutivo y del Parlamento de retomar un manejo fiscal más responsable y menos concesivo con el clientelismo que suele aparecer en periodos preelectorales.
El año pasado se agregaron 120 disposiciones adicionales, de las cuales, 102 contenían gastos no previstos en la norma. Pese a que el Consejo Fiscal, alertó la inconsistencia del presupuesto para el año 2025 con la disciplina fiscal, al Congreso no le importó y aprobó una ley con un claro desequilibrio, falta de financiamiento y que prioriza el gasto en remuneraciones en detrimento de la inversión pública.
Recientemente, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el crédito suplementario solicitado por el Poder Ejecutivo que incluye un monto total de S/1.555 millones 875.372, luego de incorporar más de 60 disposiciones complementarias. Para los gobiernos regionales y locales, se destinarán S/642 millones 657.207.
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En su segunda legislatura ordinaria, el Congreso no pudo aprobar la conocida "Ley Chlimper 2.0", que otorga una serie de beneficios tributarios para las grandes empresas agroexportadoras como la reducción del 29,5% al 15% de la tasa del Impuesto a la Renta. Esta medida haría que nuestro país deje de recaudar cerca de S/20.000 millones en diez años.
Dicho dinero podría destinarse para otros fines como seguridad ciudadana, inversiones en salud o educación. No obstante, otros son los intereses que hay detrás. Existe una campaña sostenida desde el sector agroexportador y sus aliados políticos en el Gobierno y el Ejecutivo para que se resuelva la segunda votación del dictamen de la Comisión Agraria impulsado por el fujimorismo. .
Los beneficiarios serían Camposol, Danper Trujillo, Complejo agroindustrial Beta, Agrícola Cerro Prieto, Ecosac Agrícola, Sociedad Agrícola Drokasa, Agrovisión Perú y Ecosa Agrícola. Todas ellas ya vienen gozando de los alcances de la Ley N° 31110 y son las que registran más exportaciones en los últimos 25 años.
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Pese a los reiterados intentos de Podemos y otros grupos parlamentarios, el Congreso tampoco pudo dar luz verde a un nuevo retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Y es que, el que ahora será integrante de la Mesa Directiva, Ilich López, condicionó su aprobación en la Comisión de Economía a la publicación del reglamento de reforma de pensiones, que hasta ahora no se ha hecho efectivo.
Ni siquiera la fórmula planteada por José Luna para que se inaplique las limitaciones y prohibiciones de la Ley de Modernización Previsional, surtió efecto. La Junta de Portavoces decidió que esta iniciativa que propone una liberación de hasta S/21.400 no sea exonerada de trámite de comisiones, como pretendían sus defensores.
La Comisión de Economía no logró aprobar el retiro AFP. Foto: Congreso
Se han anunciado movilizaciones de los afiliados a las AFP en las redes sociales, pero no existe una fecha confirmada al respecto. Lo único claro es que primero empezará la negociación de comisiones hasta validar su nueva distribución y presidentes. En la quincena de agosto, recién podría estar iniciando la instalación del grupo de trabajo de Economía que abordará el retiro AFP.
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El Congreso tendrá que resolver el destino del dictamen de la ley que establece el Tratamiento Especial en materia tributaria y aduanera para la creación y el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). Dicha norma que fija una tasa del Impuesto a la Renta de 0% en los cinco primeros años, cuenta con un dictamen de insistencia pendiente de debate en el Pleno.
Como se recuerda, el Poder Ejecutivo había observado esta norma, ya que no dispone de mecanismos para corregir los efectos adversos producto de las exoneraciones. De insistir en ello, se podrían producir distorsiones en la competitividad nacional y afectar de forma negativa a otras industrias.

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