
En medio del debate sobre las recientes leyes impulsadas por el Congreso —entre ellas, la nueva norma agraria y el marco para Zonas Económicas Especiales (ZEE)—, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, respondió a las críticas del Consejo Fiscal sobre su posible impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En entrevista radial, el titular del MEF defendió la importancia de estas iniciativas para apuntalar el crecimiento económico y negó que el Ejecutivo esté promoviendo gastos incontrolados.
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“Estamos trabajando para seguir reduciendo el déficit y de hecho lo venimos haciendo. Aquí no hay ninguna farra fiscal. Queremos una economía que siga creciendo, ya no tanto por estímulo fiscal, pero tampoco quitándole el estímulo", aseguró Pérez Reyes. "Lo que queremos es entregarle al siguiente gobierno una economía con inflación baja, que es lo que estamos haciendo junto al BCR, y con una economía creciente”.
Consultado sobre la promoción de actividades como la agroexportación, el ministro respondió directamente a las críticas sobre beneficios tributarios como los que promovió la Ley 27360 —más conocida como Ley Chlimper—, y que hoy se buscan replicar bajo la Ley N.º 31969.
“El que tenga una industria puntual un beneficio tributario no implica un subsidio ni un mecanismo de protección. Simplemente significa que algunas actividades económicas puntuales, en las cuales pueda haber un gran beneficio para el país en términos de empleo y exportaciones, requieren una tasa distinta al 30% para ser competitivas”, explicó.
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Para ilustrar su punto, mencionó el caso del desarrollo agroexportador: “La pregunta es ¿por qué con el impuesto a la renta de 30% no se desarrollaron? Cuando se planteó un escenario de impuesto más bajo, igual positivo, la actividad explotó”. Y agregó que hoy hay entre 130.000 y 140.000 personas que trabajan diariamente en zonas como Chicama, Chao y Virú, gracias a ese impulso inicial.
Además, señaló que el mismo enfoque debe replicarse en sectores como la confección textil y la orfebrería. “Exportamos más de US$100 millones en artesanía en oro. Tenemos ahí un recurso legal que genera empleo intensivo. Eso es lo que buscamos: no subsidios, sino condiciones para competir”, remarcó.
Pérez Reyes respondió también al señalamiento del Consejo Fiscal sobre el aumento de leyes aprobadas por insistencia entre 2020 y 2023 —lo que, según el organismo, ha cuadriplicado las normas con impacto fiscal sin sustento técnico—. Aclaró que el Consejo cumple un rol de advertencia, pero que sus recomendaciones no son vinculantes.
“El Consejo Fiscal plantea alertas que no necesariamente uno tiene que compartir. Nosotros, por ejemplo, apoyamos plenamente la nueva ley agraria y la legislación de ZEE, porque creemos que los motores de crecimiento del país necesitan promoción”, señaló.
Sobre el análisis del FMI, que proyecta un crecimiento de 2,8% para Perú este año y recomienda moderar el gasto, el ministro respondió: “Nosotros creemos que un escenario no optimista sería 3%. Si hacemos las cosas bien, podemos llegar a 3,5%. El Fondo pide estabilidad fiscal, pero cerramos el 2023 con un déficit de 3,5% y ahora estamos en 2,7%. La senda muestra que vamos bajando”.
Pérez Reyes aseguró que la estrategia del gobierno se centra en aumentar los ingresos tributarios y no en expandir el gasto de manera irresponsable. “La recaudación ha aumentado en los últimos meses de forma muy importante. Una parte se debe al incremento de los precios de minerales, pero también al consumo”, detalló. “Estamos hablando de tasas de crecimiento de ingresos de más de 10%”.
También anunció que la SUNAT intensificará sus campañas para asegurar el cumplimiento del pago de IGV e Impuesto a la Renta: “Queremos que quienes tienen que pagar impuestos, lo hagan”.
Además, reconoció que la solución a problemas estructurales —como las bajas pensiones de los maestros— solo puede darse si el país crece y mejora su recaudación: “No podemos corregirlo ni este año ni el siguiente. Es un proceso gradual, de diez años probablemente. El impacto de esa medida es de S/4.800 millones, y fiscalmente no podemos administrarlo”.
Uno de los temas más sensibles abordados en la entrevista fue el de las pensiones del magisterio nacional, tras la reciente propuesta legislativa aprobada en el Congreso para elevarlas. Aunque reconoció el problema estructural, Pérez Reyes fue enfático al señalar que no es posible financiar una mejora inmediata sin poner en riesgo la estabilidad fiscal.
“El caso de los maestros es claro: tienen pensiones bajas, como muchos otros trabajadores. Pero necesitamos crecer y recaudar más impuestos antes de poder atender esa demanda. No podemos corregirlo ni este año ni en el siguiente, es un proceso gradual que hay que hacer en diez años, probablemente, para ir aumentando las pensiones progresivamente”, explicó.
Según el ministro, el impacto fiscal de esa medida —de aplicarse de forma inmediata— sería de S/4.800 millones anuales, lo cual consideró inviable en el contexto actual. “Fiscalmente no lo podemos administrar”, recalcó.
En ese mismo sentido, también rechazó la aprobación acelerada del pase de trabajadores CAS a planilla. “Estamos planteando lo mismo: una medida gradual, de cuatro a cinco años, que permita que quienes ahora están en ese régimen vayan adquiriendo algunos derechos adicionales sin afectar el equilibrio de las cuentas fiscales. [...] Sería populista aprobarlas hoy”.

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