Perú deberá pagar US$302 millones a Enagás por cancelación del Gasoducto Sur, según fallo del CIADI

El Estado peruano deberá pagar una indemnización de 302 millones de dólares a la empresa española Enagás, tras la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial. La resolución responde a la cancelación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), un ambicioso megaproyecto energético anulado en 2017 tras el escándalo de corrupción vinculado a Odebrecht, principal socio del consorcio.

El reciente fallo del tribunal internacional corrige la decisión de diciembre de 2024, incrementando en 104 millones la compensación inicial de 198 millones, para alcanzar los 302 millones de dólares, suma que incluye principal, intereses y costos procesales. Al cambio actual, esto supone más de 1,100 millones de soles de indemnización. Esta cifra supera ampliamente los 236 millones que Enagás esperaba recuperar inicialmente.

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Un fallo a favor de la inversión extranjera

Enagás, que tenía una participación del 25% en el consorcio del GSP, inició el proceso arbitral en 2018. Argumentó que el Estado peruano no protegió adecuadamente su inversión, tal como lo establece el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú.

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El CIADI también determinó que las restricciones impuestas por el Perú a Enagás para repatriar dividendos de su participación en Transportadora de Gas del Perú vulneraron el principio de trato justo y equitativo. Actualmente, la empresa mantiene cerca de 500 millones de dólares bloqueados en dividendos dentro del país andino.

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Enagás reitera su voluntad de diálogo

Tras conocerse la decisión, Enagás comunicó su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso con las autoridades peruanas que facilite la ejecución del laudo. Además, reiteró su compromiso con su política de dividendos y su estrategia de inversiones, enfocada en infraestructuras de hidrógeno renovable clave para la descarbonización de Europa.

Desde diciembre de 2024, Enagás ha optimizado su posición financiera en Perú y mantiene depósitos por 65 millones de dólares en entidades peruanas como garantía conforme a la normativa local.

Próximos pasos del Estado peruano

Perú deberá ahora decidir si acata la decisión o presenta una solicitud de anulación dentro del plazo que establece el CIADI. Mientras tanto, este fallo representa un importante precedente para la protección de inversiones extranjeras en América Latina, especialmente en sectores estratégicos como el energético.