Economía

Consejo Fiscal advierte que deuda de S/5.045 millones de la Municipalidad de Lima compromete futuras gestiones

El organismo señala que el nivel de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima supera ampliamente el límite que rige para los demás gobiernos regionales y locales. Además, alerta que una parte importante de sus ingresos futuros ya está destinada al pago de la deuda, lo que podría reducir el margen para financiar servicios e inversiones.

El análisis pone el foco en la capacidad financiera del municipio para afrontar nuevas obligaciones sin afectar su funcionamiento.
El análisis pone el foco en la capacidad financiera del municipio para afrontar nuevas obligaciones sin afectar su funcionamiento. | Composición LR/IA

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) enfrenta un escenario de presión fiscal debido al crecimiento de su endeudamiento y a los compromisos asumidos para atender el servicio de la deuda en los próximos años. Así lo señala el Informe N.° 03-2026 del Consejo Fiscal, que analiza la situación de las finanzas públicas subnacionales durante el ejercicio fiscal 2025 y dedica un apartado específico a la situación financiera de la comuna capitalina.

Según el documento, tras culminar su programa de emisión de bonos en 2025, el Saldo de Deuda Total (SDT) de la MML alcanzó los S/5.045 millones, equivalente al 347,6% de sus ingresos corrientes promedio. El Consejo Fiscal indica que esta cifra representa cerca de tres veces y media el límite prudencial establecido para el resto de gobiernos subnacionales sujetos a las reglas fiscales.

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El informe precisa que el municipio continúa exceptuado del cumplimiento de las reglas fiscales aplicables a gobiernos regionales y locales debido a que cuenta con dos calificaciones crediticias iguales o superiores a "A", condición prevista en la normativa vigente. Sin embargo, el Consejo Fiscal sostiene que esa excepción impide que la municipalidad esté sujeta a las restricciones y medidas correctivas que sí rigen para las demás entidades subnacionales.

Otro aspecto que resalta el documento es que una parte significativa de los ingresos futuros de la comuna ya se encuentra comprometida en un fideicomiso destinado al pago del servicio de la deuda. De acuerdo con el análisis, esos recursos actualmente financian gastos corrientes y de capital, por lo que su uso para atender obligaciones financieras reducirá el margen disponible para futuras administraciones municipales.

Servicio de la deuda y ejecución de proyectos

El Consejo Fiscal estima que, cuando el servicio de la deuda incorpore la amortización del capital entre 2028 y 2035, los pagos anuales superarían los S/500 millones. Esa cifra, añade el informe, es mayor al gasto promedio en inversión pública registrado por la Municipalidad Metropolitana de Lima durante las últimas dos décadas.

A ello se suma que, según el documento, la cartera de proyectos vinculada al programa de bonos mantiene un avance limitado. Al 13 de julio de 2026, los 58 proyectos asociados registraban un avance financiero conjunto de 24,6%, mientras que 33 de ellos aún no presentaban avance físico. En ese contexto, el Consejo Fiscal señala que en 2025 la municipalidad pagó S/276 millones por intereses de la deuda, mientras obtuvo S/124 millones por intereses generados por los recursos aún no ejecutados, lo que dejó un costo financiero neto de S/152 millones.

El informe también menciona que las transferencias adicionales aprobadas para la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre ellas una participación del 3% del IGV generado en el Cercado de Lima y el incremento gradual del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), alivian parcialmente la disponibilidad de recursos, pero no eliminan las presiones derivadas del servicio de la deuda. Según las estimaciones incluidas en el documento, incluso considerando esos ingresos adicionales, la comuna registraría flujos netos negativos entre 2027 y 2035.

En sus conclusiones, el Consejo Fiscal reitera que las calificaciones crediticias no sustituyen una evaluación de sostenibilidad fiscal y considera que la capacidad para cumplir con el pago de la deuda financiera no implica necesariamente que una entidad mantenga una posición fiscal sostenible en el largo plazo. Bajo ese criterio, plantea que la situación de la MML evidencia la diferencia entre el riesgo crediticio y la capacidad de sostener la prestación de servicios públicos y la ejecución de inversiones futuras con los recursos disponibles.

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