
A mediados de abril, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que establece el Tratamiento Especial en materia tributaria y aduanera para la creación y el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). Pese al inicial respaldo a la norma por parte de la anterior gestión de José Salardi en el Ministerio de Economía, el gobierno de Dina Boluarte decidió observarla.
Y es que la autógrafa de ley introduce una serie de beneficios tributarios como la tasa reducida del Impuesto a la Renta que aumentaría gradualmente de 0% a 15% en un periodo de 25 años, así como la exoneración del IGV y el ISC, sin definir los sujetos que podrían acogerse a estos privilegios.
Según el Consejo Fiscal, lo "aprobado traería una pérdida significativa y permanente de recaudación", teniendo en cuenta que, los ingresos tributarios del Perú son bajos en comparación con otros países de la región y de la OCDE. Recuerdan que la propuesta ya ha sido cuestionada por el propio Fondo Monetario Internacional debido a una posible erosión a la base tributaria.
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A las opiniones del FMI y el Consejo Fiscal, ahora se suman las observaciones del Poder Ejecutivo. En el oficio remitido por Dina Boluarte al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se advierten los efectos perjudiciales que tendrían la Ley Marco de ZEEP sobre las industrias si no se implementan los mecanismos de corrección correspondientes.
"La Autógrafa otorga principalmente exoneraciones del IR, así como otros beneficios, sin disponer de mecanismos para corregir los efectos adversos producto de tales exoneraciones, como la aprobación de una lista negativa que contenga las actividades relacionadas a los bienes estratégicos y altamente sensibles producidos en el país, de modo que para tales actividades no aplique la exoneración del IR", se lee en el documento.
De aprobarse por insistencia la norma sin disponer mecanismos para minimizar los efectos adversos, el Ejecutivo alerta que, los inversionistas extranjeros con economías de escala tendrán la capacidad de destinar sus bienes sin limitación alguna al mercado nacional, compitiendo en mejores condiciones que las demás empresas del país.
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Agregan que, existe un diseño inadecuado en las exoneraciones tributarias, las cuales deberían enfocarse en aquellos tributos aplicados al producto como el IGV, IPM e ISC. De igual forma, sostienen que este tipo de beneficios sobre la base del IR, deben darse, pero con ciertas restricciones para evitar que se genera una competencia desigual que afecte a la industria peruana.
Otra de las observaciones del Ejecutivo señalan que no se recoge de forma expresa el estándar establecido por el Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas de la OCDE, en el marco de la acción 5 "Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia" del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
Finalmente, el gobierno de Boluarte alerta que la autógrafa de ley remitida por el Congreso podría resultar incompatible con lo dispuesto en el artículo 10.1 respecto a que Mincetur sería la entidad encargada de evaluar el cumplimiento de obligaciones en materia de empleo, dado que actualmente, esta competencia recae en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

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