
En el Perú, el Código Civil establece que las deudas bancarias prescriben después de un período de diez años, contados desde la fecha en que la obligación pudo ser exigida. Este plazo representa un límite legal tras el cual el acreedor ya no puede iniciar acciones judiciales para reclamar el pago de la deuda. Una vez cumplido este tiempo, el deudor queda liberado de la responsabilidad legal de pagar, aunque la deuda pueda continuar existiendo en términos morales o comerciales.
La figura de la prescripción brinda a los deudores un marco legal que protege sus derechos, ofrece seguridad jurídica y les permite planificar su situación económica con mayor claridad. Es, además, un incentivo para que las entidades financieras gestionen sus cobranzas de manera oportuna y eficiente.
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Transcurrido el plazo de diez años sin que el acreedor haya iniciado acciones judiciales para cobrar una deuda, el deudor tiene la posibilidad de solicitar ante un tribunal la declaración de prescripción. Si el juez acepta esta solicitud, la deuda queda extinguida legalmente, liberando al deudor de cualquier obligación de pago vinculada a ese compromiso financiero.
No obstante, es importante señalar que, aunque la deuda desaparezca en el ámbito legal, esta puede seguir registrándose en el historial crediticio del deudor. Esta situación puede influir negativamente en su calificación financiera, dificultando el acceso a nuevos créditos o productos bancarios durante un periodo adicional, dependiendo de las políticas de las centrales de riesgo. Por ello, es fundamental que los deudores comprendan tanto sus derechos legales como las implicancias prácticas en su perfil crediticio.
El Código Civil cumple una función fundamental en el ordenamiento jurídico de un país, ya que regula las relaciones entre las personas en el ámbito privado. Su propósito principal es establecer normas claras y generales que rigen aspectos esenciales de la vida civil, como los contratos, las obligaciones, la propiedad, la familia, el matrimonio, las sucesiones y los derechos de las personas.
A través de sus disposiciones, el Código Civil garantiza la seguridad jurídica, promueve la equidad en las relaciones civiles y proporciona mecanismos para resolver conflictos entre particulares. En resumen, actúa como una guía legal que organiza la convivencia social y protege los derechos e intereses de los ciudadanos dentro del marco de la ley.
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