Este es el beneficio que pueden solicitar los deudores en Perú para liberarse de la obligación de pago, según el Código Civil

Los ciudadanos en Perú tienen la opción de solicitar la prescripción de las deudas bancarias luego de un período determinado, tal como establece el Código Civil. De esta manera, muchos deudores pueden liberarse de pagar esta obligación, lo que significa un alivio económico para muchas personas con un fuerte endeudamiento.

Dicho esto, comprender este derecho brinda múltiples alternativas a quienes enfrentan un alto nivel de endeudamiento. Es importante señalar que este procedimiento no elimina automáticamente los registros negativos en el historial crediticio, lo que puede afectar de manera adversa la calificación financiera de quienes lo solicitan.

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¿Cuándo prescriben las deudas en el Perú?

El Código Civil en Perú establece que una deuda bancaria puede prescribir luego de 10 años. Cumplido este plazo, el acreedor de la deuda no tendrá el derecho de reclamar el pago por medio de mecanismos legales. En consecuencia, el deudor estará libre de ser demandado por vías judiciales. Cabe destacar que la deuda permanecerá legalmente exigible hasta que se formalice la prescripción.

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¿Qué pasa después de la prescripción de deudas?

A pesar de que la deuda haya sido extinguida debido a la prescripción, esta todavía estará presente en las centrales de riesgo por cinco años más, lo que significa una mala noticia para los deudores. Por tanto, esto implica que podrían tener dificultades para acceder a financiamiento en las entidades del sistema financiero privado.

Además, la prescripción de deudas no permite que esta tampoco sea eliminada del historial crediticio. Dicho esto, los bancos conservarán la información sobre las obligaciones financieras de sus usuarios, incluso en aquellos casos en que las deudas ya no pueden ser reclamadas por mecanismos legales.

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¿La municipalidad puede embargar tu casa por no pagar el Impuesto predial en Perú?

El incumplimiento en el pago del impuesto predial puede acarrear serias consecuencias legales, ya que la municipalidad está autorizada para iniciar acciones que podrían resultar en el embargo de la propiedad. Aunque la confiscación no es inmediata, la falta de atención a los requerimientos de pago y a las notificaciones correspondientes puede dar lugar a un procedimiento administrativo. Este proceso podría finalizar con la emisión de una ordenanza coactiva, lo que complicaría aún más la situación del propietario.

La implementación de esta medida podría dar lugar a acciones legales destinadas a recuperar la deuda, lo que incluye la posibilidad de embargar la vivienda. Es importante destacar que el embargo de un inmueble representa la última instancia en un proceso judicial orientado a recuperar los montos que debe el propietario.

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