En el marco de la discusión sobre el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, anunció que la presidenta Dina Boluarte comunicará el aumento en diciembre, con un anuncio esperado estos días.
Durante una entrevista en RPP, Maurate destacó la necesidad de evaluar diversas variables económicas y sociales para hacer este ajuste de manera responsable, garantizando que no afecte negativamente a pequeños y microempresarios ni obstaculice la formalización de empresas. Asimismo, subrayó la importancia de equilibrar las demandas de los trabajadores frente a la inflación, que ha erosionado su poder adquisitivo en los últimos años.
El aumento de la RMV se comunicará en diciembre, con la mandataria Boluarte lista para hacer el anuncio, probablemente la próxima semana. Este incremento se lleva a cabo tras un exhaustivo análisis que considera tanto las necesidades de los trabajadores como las preocupaciones del sector empresarial, en especial de aquellos enfocados en la formalidad.
Aunque la demanda de los trabajadores es considerable, especialmente tras los efectos de la inflación, también se busca evitar un impacto negativo sobre los pequeños negocios y la economía en general.
La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) propuso un aumento de entre S/105 y S/120, lo que situaría la RMV en un rango de S/1.130 a S/1.145. Por su parte, la CGTP presentó una propuesta más ambiciosa, sugiriendo un incremento inmediato a S/1.330, con el objetivo de alcanzar S/1.500 en el corto plazo.
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Según la CGTP, un salario mínimo de S/1.700 sería lo más adecuado para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, beneficiando a más de 2 millones de empleados a nivel nacional. Ahora, queda a la espera la decisión del Gobierno sobre la magnitud y la implementación de este aumento salarial.
Según explicó Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, a La República, la persistente baja remuneración en Perú se debe a un desajuste entre la limitada demanda de empleo formal y la amplia oferta de mano de obra disponible. Este desequilibrio otorga a los empleadores un mayor poder en las negociaciones salariales, lo que les permite contratar sin necesidad de ofrecer salarios competitivos.
Cuadros también señala que el poder de negociación de los trabajadores se ve afectado por diversos factores estructurales, siendo uno de los principales el bajo nivel de sindicalización en el país, uno de los más bajos de Sudamérica, lo que dificulta la capacidad de los empleados para exigir mejores condiciones laborales. Además, el uso generalizado de contratos temporales afecta negativamente la estabilidad laboral y el poder de negociación de los trabajadores. De hecho, dos de cada tres empleados formales están bajo este tipo de contrato.
El exviceministro también destaca las diferencias salariales significativas según el tamaño de las empresas. Mientras que el salario promedio en el sector privado formal es de S/2.700, las microempresas, que enfrentan restricciones financieras y de productividad, ofrecen sueldos que rondan los S/1.700.
En contraste, las grandes empresas, con mayor capacidad productiva, pagan entre S/3.300 y S/3.400. Sin embargo, Cuadros asegura que incluso estas grandes empresas podrían ofrecer sueldos más altos si los trabajadores contaran con una mayor capacidad de negociación.
Por otro lado, diversas organizaciones empresariales, como la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias (Adex), han expresado su oposición al aumento propuesto del salario mínimo. A través de un comunicado conjunto, alertaron que un ajuste salarial sin un análisis adecuado podría afectar a cerca de 5,9 millones de trabajadores que ganan por debajo del salario mínimo, la mayoría de los cuales se encuentran en la informalidad, lo que limitaría aún más sus oportunidades de acceder a un empleo formal.