Las Naciones Unidas reconoció a nivel internacional las estrategias adoptadas que se tomaron en Perú para enfrentar el mayor desastre ambiental que ocurrió en la costa de Ventanilla, en el Callao, el 15 de enero del 2022. Este incidente, que derramó 12.000 barriles de petróleo, causó graves consecuencias en la biodiversidad del mar peruano.
Ante la emergencia, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) implementó una serie de acciones estratégicas para visibilizar los impactos, generar conciencia ciudadana, exigir la reparación de los afectados por Repsol y promover políticas públicas adecuadas.
Por esta labor y esfuerzo, las Naciones Unidas seleccionó a dicha organización como finalista en los Premios de Acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la categoría "Impactos", entre más de 5.000 postulaciones de 190 países.
El organismo mundial destacó que dicha institución “desempeñó un papel central en el establecimiento de marcos legales, lo que resultó en la aprobación de una nueva Ley de Declaración de Emergencia Ambiental. Su trabajo llegó a más de 300.000 personas, empoderando a las comunidades afectadas y fortaleciendo las alianzas nacionales".
Cabe señalar que el trabajo de la SPDA sobre el derrame de petróleo ocurrido en el mar peruano incluye documentación audiovisual, reportajes periodísticos, análisis legales, incidencia en las políticas públicas, etc.
Esta cobertura está reunida en la web “Historia de un derrame”, plataforma que es actualizada constantemente para que la ciudadanía conozca todo lo relacionado al mayor desastre ambiental.
Se ha registrado el número de personas afectadas, el número de animales que fallecieron tras el derrame, los procesos administrativos y penales que tiene Repsol, los planes de rehabilitación aprobados hasta la fecha, y la cronología de cómo ocurrieron los hechos desde el sábado 15 de enero del 2022.
Al respecto, Isabel Calle, directora ejecutiva de la SPDA, señaló que “la SPDA respondió con una estrategia de varios niveles que combina el análisis, la documentación audiovisual y la defensa de la justicia ambiental. Este es el trabajo orgánico de nuestra organización que este año cumple 38 años, trabajando por el Perú que todos nos merecemos”.
Mientras tanto, Repsol todavía no termina de pagar la deuda. Las multas impuestas por el derrame ascienden a más de S/208 millones, equivalentes a aproximadamente US$56 millones. Sin embargo, hasta la fecha, la empresa ha pagado solo alrededor de US$8 millones.