Las deudas suelen tener un impacto emocional significativo en las personas. Es fundamental comprender lo que establece la legislación peruana en cuanto a los plazos de prescripción, los cuales están normados por el Código Civil del Perú. Estos plazos marcan el momento en el que un pago vencido ya no puede ser reclamada legalmente, ya sea por un crédito, préstamo u otro, lo que puede brindar alivio a los deudores.
Es relevante resaltar que la prescripción de las deudas es un tema de gran importancia en el ámbito legal y financiero, ya que fija límites temporales para la exigibilidad de las obligaciones económicas. De esta manera, tanto los deudores como los acreedores pueden tener certeza sobre el período en el que una deuda puede ser objeto de reclamo judicial.
En el Perú, según lo establecido en el Código Civil, una deuda bancaria prescribe después de 10 años. Esta temporalidad es crucial, ya que una vez transcurrido este plazo, el acreedor pierde el derecho de exigir el pago de la deuda mediante acciones legales. En síntesis, el deudor no podrá ser objeto de una demanda judicial por esa deuda en particular una vez que haya transcurrido dicho período.
Después de transcurrir 10 años sin que el acreedor inicie un proceso judicial, el deudor tiene la posibilidad de solicitar la prescripción de la deuda ante un tribunal. En caso de que esta solicitud sea aceptada, la deuda se extinguirá legalmente y el deudor quedará liberado de la obligación de pago. Es importante tener en cuenta que, a pesar de que la deuda no pueda ser exigida judicialmente, esta seguirá figurando en el historial crediticio del deudor, lo cual afectará su calificación financiera. Este registro en entidades como Infocorp puede permanecer por varios años adicionales, en función de las políticas internas y la normativa vigente en cada caso.
El embargo de un sueldo es una medida legal que puede ser ordenada por el Poder Judicial luego de emitirse una sentencia a favor del acreedor en un proceso judicial. Esta acción puede surgir a raíz de deudas con instituciones financieras, entidades comerciales o incluso deudas personales que han sido llevadas a los tribunales. Asimismo, la Sunat y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también tienen la facultad de embargar el sueldo en caso de deudas tributarias, reteniendo una parte del salario del contribuyente deudor para cubrir impuestos pendientes u otras obligaciones fiscales. Es fundamental recordar que el embargo de un sueldo se aplica en circunstancias específicas y conforme a las condiciones establecidas por la ley.