Más de un millón de empleados del sector público se beneficiarán con un aumento salarial aprobado por el Gobierno peruano en respuesta a la creciente presión económica y la necesidad de mejorar las condiciones laborales. Este incremento tiene como objetivo principal elevar los ingresos de los trabajadores públicos, incluidos más de 400,000 docentes de instituciones educativas, quienes recibirán un aumento de 500 soles en su salario mensual durante 2023.
Sin embargo, esta medida enfrenta serios obstáculos debido a nuevas normativas del Ejecutivo que limitan la negociación colectiva descentralizada, lo que podría afectar a miles de trabajadores en diversas instituciones públicas.
La decisión de aumentar los salarios de los docentes en 2025, comunicada por Eloy Cantoral, director general de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación (Minedu), responde a las crecientes demandas del sector educativo y busca ofrecer una remuneración acorde a sus responsabilidades.
Desde 2019, los incrementos salariales acumulados para los docentes superan los 1,000 soles, lo que evidencia el compromiso del Gobierno por fortalecer el magisterio y atraer a profesionales capacitados a la enseñanza. No obstante, el aumento anunciado podría verse comprometido si el Ejecutivo implementa restricciones en las negociaciones colectivas que limiten los derechos adquiridos por los trabajadores.
El aumento salarial aprobado por el Gobierno beneficiará a un amplio espectro de empleados del sector público, incluyendo aquellos bajo los regímenes laborales 276 y 728, funcionarios del servicio civil, y empleados de carreras especiales, como los penitenciarios y diplomáticos. También se contempla a los trabajadores bajo el régimen de Contratos Administrativos de Servicios (CAS). Este incremento busca proporcionar un alivio económico a quienes han enfrentado dificultades económicas, especialmente en un contexto donde la inflación y el costo de vida han aumentado considerablemente.
Concretamente, el aumento establecido es de 100 soles mensuales, que se aplicará uniformemente a todos los regímenes mencionados. Además, se ha programado un bono único de 200 soles, que se entregará en enero de 2025, como una medida complementaria de apoyo.
En el caso de los docentes, el aumento de 500 soles en su remuneración mensual es un esfuerzo significativo por parte del Gobierno para elevar el salario de los profesores en la primera escala magisterial a 3,100 soles.
"Esta medida se ha incorporado en el Proyecto de Ley del Presupuesto Público del año 2025 y representa una inversión anual de 800 millones de soles para incrementar la remuneración de nuestros docentes en el piso salarial a nivel nacional”, precisó Cantoral a la Agencia Andina.
Además, se mencionó que la fecha para implementar el aumento salarial aún está en proceso de coordinación; sin embargo, es probable que, al igual que en años anteriores, se realice en dos partes: la primera en marzo (100 soles) y la segunda en noviembre (100 soles). Es importante considerar que este incremento salarial también influye en otros beneficios, como la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).
Para consultar la tabla de remuneraciones mensual (RIM) de los docentes nombrados y contratados en 2024, puedes acceder al siguiente enlace.
A pesar de la aprobación del aumento salarial, las recientes medidas incluidas en la Ley de Créditos Suplementarios (N.º 32103) y la propuesta de la Ley de Presupuesto Público 2025 buscan limitar las negociaciones colectivas en más de 2,550 entidades públicas, incluidas municipalidades, universidades, ministerios y otras instituciones. Estas normativas prohíben la discusión de mejoras económicas, afectando la capacidad de los sindicatos para negociar salarios y beneficios en el futuro.
Este intento del Ejecutivo ha provocado una fuerte reacción por parte de sindicatos y organizaciones laborales, quienes consideran que estas restricciones vulneran derechos adquiridos tras décadas de lucha. La preocupación es que, aunque se haya aprobado el aumento salarial, este podría quedar sin efecto si se implementan las restricciones propuestas. En este contexto, la incertidumbre se cierne sobre las negociaciones colectivas, fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores.
El Tribunal Constitucional ha señalado en el pasado que prohibir las negociaciones colectivas en temas económicos podría considerarse inconstitucional, lo que abre la puerta a posibles disputas legales si el Gobierno persiste en aplicar estas restricciones. Según expertos, como el exviceministro Fernando Cuadros Luque, estas medidas contradicen fallos previos y podrían desvirtuar el proceso de negociación colectiva en el país, lo que afectaría no solo a los docentes, sino a todos los empleados públicos beneficiados por el aumento.
Docentes de instituciones educativas en Perú. Foto: Andina
Mientras el Gobierno busca mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos a través de aumentos salariales, la incertidumbre reina en torno a la capacidad de los trabajadores para negociar mejoras económicas en el futuro. La reciente aprobación de un aumento de 500 soles para los docentes, junto con el incremento de 100 soles para otros empleados del sector público, representa un avance importante, pero las restricciones normativas podrían limitar el impacto de estas medidas.
A partir de enero de 2025, se espera que tanto el incremento mensual como el bono único se apliquen a los beneficiarios. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de las decisiones que tome el Gobierno en relación a las negociaciones colectivas. La falta de claridad en cuanto a la implementación de las nuevas normativas genera inquietud entre los trabajadores, que han estado esperando mejoras en sus condiciones laborales.
A medida que el panorama se torna más complejo, es fundamental que tanto el Gobierno como los sindicatos busquen un diálogo constructivo que permita avanzar en la mejora de las condiciones laborales sin poner en riesgo los derechos de los trabajadores. La situación actual exige atención y compromiso para garantizar que los aumentos salariales no se conviertan en promesas vacías, sino en realidades tangibles que impacten positivamente en la vida de los trabajadores públicos y docentes en Perú.