Los problemas financieros, en especial las deudas, suelen generar un fuerte impacto emocional. Por ello, es importante conocer lo que establece la ley peruana en relación a los plazos de prescripción, los cuales están regulados por el Código Civil del Perú. Estos plazos indican el punto en que una deuda ya no puede ser exigida judicialmente, lo que puede representar alivio para los deudores.
Es importante destacar que la prescripción de las deudas es un tema de relevancia en el ámbito legal y financiero, ya que permite establecer límites temporales para la exigibilidad de las obligaciones económicas. De esta manera, tanto los deudores como los acreedores pueden tener claridad sobre el tiempo en el cual una deuda puede ser reclamada judicialmente.
En el Perú, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, una deuda bancaria prescribe después de 10 años. Esta temporalidad es de suma importancia, ya que una vez transcurrido este plazo, el acreedor pierde el derecho de exigir el pago de la deuda a través de acciones legales. En resumen, el deudor no podrá ser sujeto de una demanda judicial por esa deuda en particular una vez que haya transcurrido dicho período.
Después de transcurrir 10 años sin que el acreedor inicie un proceso judicial, el deudor tiene la posibilidad de solicitar la prescripción de la deuda ante un tribunal. En caso de que esta solicitud sea aceptada, la deuda se extinguirá legalmente y el deudor quedará liberado de la obligación de pago. Es importante tener en cuenta que, a pesar de que la deuda no pueda ser exigida judicialmente, esta seguirá figurando en el historial crediticio del deudor, lo cual afectará su calificación financiera. Este registro en entidades como Infocorp puede permanecer por varios años adicionales, en función de las políticas internas y la normativa vigente en cada caso.
Deudas representan una carga emocional. Foto: Andina
Luego de 10 años, las deudas bancarias prescriben.
El Código Civil Peruano es un compendio de disposiciones legales que rigen las relaciones jurídicas entre individuos, ya sean personas naturales o jurídicas. Este marco normativo abarca aspectos esenciales como el derecho de propiedad, contratos, familia, sucesiones y obligaciones. Su principal objetivo es establecer los fundamentos legales que sustentan la convivencia y los derechos civiles, con la finalidad de asegurar el orden y la equidad en las interacciones sociales y económicas dentro del territorio nacional.