Ante la inexorable reforma del sistema de pensiones —pendiente de debatirse en el Congreso—, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) considera que es oportuno que los empleadores aporten para la jubilación de los trabajadores, en un contexto en el que es prioridad “universalizar el aporte voluntario”.
“La obligatoriedad para los empleadores de enrolar a sus trabajadores ha tenido éxito en varios países”, resumieron. Y es que, a criterio del ente matriz en el ideario de las AF, es necesario que las empresas nutran el fondo para la vejez de sus empleados. Incluso, desde una perspectiva “automática y por defecto” para sus trabajadores.
Vale acotar que en el Congreso yacen dos dictámenes aprobados, respectivamente, por la Comisión de Economía y de Trabajo, donde se plantea la reforma previsional desde dos ejes diametralmente opuestos: uno busca que las AFP sigan dominando el mercado y la otra, que el Estado asuma la administración, dejando a los privados solo en el esquema —multipilar— de los que más ganan.
Ambas cartas están por jugarse en un contexto en el que el Gobierno de Dina Boluarte mandará su iniciativa en pro de la “vejez digna” de todos los peruanos, siempre bajo un esquema multipilar.
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A raíz de ello, desde la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de las AFP (Anaea), exigen a la nueva legislatura del Congreso que se atienda su pliego de reclamos, principalmente, una séptima autorización para liberar los aportes de la AFP.
“Es su oportunidad de pasar a la historia trabajando por el pueblo, entre ellos los millones de afiliados AFP que esperan de usted atención y que se aprueben nuestras propuestas de ley”, exhortaron a Alejandro Soto, el nuevo presidente del Congreso.
Según Sigrid Bazán, expresidenta de la Comisión de Trabajo, la propuesta validada en su mesa propone que los empleadores aporten un 4%, progresivamente, para la jubilación de su mano de obra. Y, con el fin de hacerlo amigable, se da una tregua a las mypes para acoplarse a esta iniciativa por hasta tres años.
Rechazo. Aportantes cuestionan que la ONP se convierta en una “AFP pública”, en relación con el dictamen de Barbarán.
Criterio. Según el economista Javier Olivera, la reforma Barbarán es “a favor de las AFP”.