El arbitraje se ha convertido en uno de los mecanismos legales más empleados para la resolución de conflictos ante la demora y la desconfianza que transmite el Poder Judicial. Luis Bustamante Belaunde, presidente del Consejo Superior de Arbitraje del Centro Nacional e Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, explica los principales beneficios de este sistema.
“El arbitraje es un método para resolver disputas sin recurrir a los tribunales del Poder Judicial. Hoy, el Perú es líder en el uso de este mecanismo, sobre todo porque es utilizado para la solución de controversias en contrataciones públicas. Por la desconfianza y poca agilidad en los procesos que lleva a cabo el Poder Judicial, los inversionistas también optan por el arbitraje, ya que les brinda una mayor seguridad jurídica en el caso de controversias privadas”, señala Bustamante Belaunde.
En línea con ello, el presidente del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la CCL detalla cinco ventajas que caracterizan a este mecanismo frente al proceso judicial:
En un proceso judicial, ninguna de las partes puede decidir quién se hará cargo del este, pues la ley determina que es la figura del juez quien lo asume. En el arbitraje, son las propias partes quienes pueden decidir quién resolverá la controversia o establecer el procedimiento de su designación.
El arbitraje resuelve la controversia en un periodo de 12 a 18 meses, aproximadamente. Además, en los casos administrados por el Centro, las partes conjuntamente con el tribunal arbitral fijan un calendario de actuaciones que determina la duración del proceso. En el Poder Judicial, los plazos son largos, pues dependen del asunto del conflicto y la carga del juzgado en el que haya recaído la demanda.
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En el arbitraje predomina la confidencialidad del proceso. En el Poder Judicial, la actuación de los órganos jurisdiccionales es y debe ser, por esencia, pública.
El arbitraje tiene un costo que varía de acuerdo a la cuantía económica de la controversia y a la complejidad del caso. Además, en el arbitraje el tiempo está delimitado, por lo que, a menor tiempo, menor inversión en la solución del conflicto. En el Poder Judicial, si bien el costo es asumido directamente por el Estado, hay gastos de especialistas (abogados) que llevan el caso. El tiempo también es otro costo para las partes.
El laudo arbitral es definitivo e inapelable. La resolución de la controversia se da en instancia única. El sistema judicial contempla la doble instancia, con lo cual, toda sentencia puede ser apelada y un segundo tribunal judicial valora nuevamente las pruebas y las alegaciones.