El Consejo Regional de Arequipa (CRA) tendrá en sus manos debatir la aprobación de la Adenda 13 para Majes Siguas II. De dar luz verde para que el gobernador Elmer Cáceres firme, no solo se ejecutará el “cambio tecnológico” en el proyecto agro energético, sino también habrá una modificación presupuestal. Con la adenda, Majes II pasará de US$ 550 millones 401 mil a costar US$ 655 millones 069 mil; un incremento de US$ 104.6 millones. ¿Con qué se pagará el monto adicional para financiar ese cambio tecnológico? Pues con las tierras. Son 38 500 hectáreas de Pampas Siguas que buscan ser irrigadas y ProInversión las subastará al mejor postor.
El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) elaboró el informe “Cambio tecnológico, eficiencia hídrica y valor de tierras agrícolas del Proyecto Majes Siguas II” y la presentó ante la Contraloría General de la República. El documento, que fue elaborado por Mario Hernández Rubiños en junio de 2020, concluye que con las tierras se permitirán financiar la inversión adicional. Calculan obtener entre US$ 240.24 millones hasta US$ 304.92 millones, que largamente supera lo necesitado.
Sin embargo el precio por hectárea de tierra se duplica. Con la adenda 13 el precio estará en el rango de US$ 11 200 a US$ 20 078. Mientras que sin la adenda, el valor lidiará de US$ 4 960 a US$ 12 158. Huber Valdivia, exdirector del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), sostiene que con el incremento de costos, la posibilidad de que agricultores arequipeños accedan a las tierras de Majes II se hace más remota. “Queda mucho más lejana la posibilidad de que agricultores compren con ese precio”, declara.
Cada módulo de tierra del proyecto a vender, es de 200 hectáreas. El GRA anunció que planteará a ProInversión que se reduzca un porcentaje del área de las tierras. Se busca módulos de menor tamaño para que puedan acceder los agricultores asociados. “Los agricultores deben tener un espaldarazo financiero de 9 millones de dólares para competir con esos posibles precios” advirtió.
El exviceministro es de la opinión que sería más viable para ellos, que no se apruebe la adenda 13. Recordó que años atrás cada hectárea tenía un valor de US$ 5 mil. Sobre este punto Contraloría recomendó a la entidad regional ‘el monitoreo permanente de los riesgos que pudieran afectar el valor de las tierras del proyecto’. “Es de suma importancia para cubrir la inversión adicional del cambio tecnológico y para evitar la activación de la garantía soberana”, advirtió.
La entidad regional también adjunto el informe “Análisis de ingresos y compromisos firmes y contingentes del contrato de concesión”, confeccionado por Inkacapitales. En ella se analiza la probabilidad de la activación de la garantía soberana, aprobada por el Gobierno para que la concesionaria Cobra solicite un préstamo para financiar el cambio tecnológico. En ese escenario cada hectárea valdría US$ 15 639 dólares sin IGV.
Contraloría recomendó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) proponer otros mecanismos que no sea el arbitraje en caso de que no se apruebe el Expediente Técnico N°2 de las obras. Y es que el proyecto de Adenda 13 señala que en caso de haber controversia técnica se resolverá mediante arbitraje. El ente de control propuso otra modalidad como el peritaje con la finalidad de salvaguardar los recursos del Estado o una paralización en el proyecto.
De otro lado también se recomendó precisar los plazos de la vigencia de la concesión para evitar controversias. El plazo de concesión será de 19 años a partir de la firma de la adenda. Son 16 años de la operación, 3 de la construcción y 1 años del periodo inicial.