Así, se anula el despido de una gestante o hasta 90 días después de dar a luz, incluso si está con un contrato temporal (periodo de prueba) o en la modalidad part time.
Cabe resaltar que esta figura es aplicable siempre que el empleador hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido.
El presidente de la Comisión de Trabajo, Daniel Oseda (Frepap), sostuvo que para muchos empleadores, mantener en su centro laboral a una gestante ’'implica gastos que se niegan a reconocer’', por lo que deciden despedirlas, vulnerando derechos fundamentales.
Oseda Yucra señaló que los despidos de las gestantes se ven en todos los sectores, tanto público como privado; para lo cual ’'se ha tenido que trabajar arduamente’', para lo cual se modificó - con 92 votos a favor y 9 abstenciones - el inciso e del Art. 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (aprobado por el DS 003-97-TR).
El laboralista Ricardo Herrera considera que esta iniciativa es inconstitucional y recordó que en el periodo de prueba no hay estabilidad laboral, dado que en este lapso los empleadores ven si la trabajadora se desempeña para el puesto que buscan.
’'Se ha atentado contra la estabilidad laboral de las mujeres. Es perjudicial para las mujeres mismas’', indica para este medio, dado que en las entrevistas de trabajo, los empleadores se tomarían la libertad de no contratar a aquellas mujeres que comenten que han tenido un bebé o están en periodo de lactancia, señalando que ’'no cumplen con el perfil’'.
El especialista agrega que la ley representaría un incremento de gasto para las empresas públicas bajo el régimen 728, y recordó que el Congreso no tiene iniciativa de gasto público para tal decisión.
Por su parte, la laboralista Sara Campos recomienda un mayor sustento técnico para esta medida congresal. ’'Bajo esta lógica no solo las gestantes deberían tener protección (mientras estén) en pruebas, sino también aquellos con discapacidad o los que sufran accidentes’', acotó.
Campos argumentó que la gestación no debería ser determinante para garantizar la permanencia en una empresa. ‘‘La permanencia se gana con un trabajo, y el trabajo si la gestante o no es eficiente, no tendrían por qué desvincularla’', dijo para La República.
No obstante, recalcó que si durante el periodo de prueba desvinculan a una mujer por el solo hecho de ser gestante, esta práctica ya está actualmente sancionada, pero tendría que probarse que fue por esa razón y no por ineficiencia en el cargo. ’'En caso haya despido nulo, la trabajadora tiene derecho a reposición’', concluyó.
Además, expresó que la protección contra el despido arbitrario se da solamente a aquellos con jornada completa por un tema de exclusividad, dado que el empleado parcial puede tener más de un empleo.
Por su parte, Herrera sostiene que ’'ahora prácticamente se hace propietarias de su puesto de trabajo’' a las féminas en periodo de prueba o part time, y esta sobreprotección, podría devenir en ’'pérdidas de puestos de trabajo y retroceso en años de avance’' en materia laboral.
El congresista Luis Roel Alva (Acción Popular) explicó para este diario que el empleador mantendrá su capacidad de desvincular a cualquier trabajadora por causas previstas en la ley, y solo se restringe que lo haga por la razón de su embarazo en el periodo de prueba.
’'Es decir si una trabajadora no cumple, objetivamente con las metas y objetivos previstos, igual se le puede desvincular. No se atenta contra el objetivo de los periodos de aprueba, que son: evaluar si el trabajador o trabajadora está acorde a las funciones y objetivos del cargo, el estado de gestación no debería afectar ello en absoluto’', señala el legislador.
Finalmente, Roel Alva indicó que el enfoque de la ley es de protección de los derechos fundamentales de la mujer, y resaltó que han habido casos en donde sentencias del Tribunal Constitucional amparan la desvinculación de una trabajadora embarazada durante su periodo de prueba, por lo cual no se puede afirmar que ’'ya existe una defensa legal’'.
Una vez promulgada la ley, el Ejecutivo tendrá 30 días para adecuar la normativa vigente.