El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, anunció que su gestión viene buscando la forma legal para no pagar a Odebrecht los 84 millones 616 mil 369 soles que se adjudicó a través de un proceso arbitral, por la obra de construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.
La máxima autoridad regional expresó que a través de la Procuraduría Regional se exigirá al Poder Judicial anule esos laudos arbitrales que favorecieron a la empresa brasileña, teniendo en cuenta que el presidente del tribunal que falló a favor de Odebrecht, Horacio Cánepa Torres, es investigado por el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público por recibir sobornos para favorecer a la constructora.
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“No vamos a pagar casi 85 millones de soles por laudos amañados, echaremos mano de todos los mecanismos legales para defender los intereses de la región. Ese dinero podríamos utilizarlo en obras de saneamiento y colegios en Áncash”, señaló.
El responsable de la Procuraduría Regional, Ciro Flores Delgado, informó que Odebrecht busca obtener ese dinero a través de un proceso de ejecución en el Poder Judicial y que obligaría al GRA a pagar, ya que –de no hacerlo– podría hasta embargarse las cuentas en favor de la empresa brasileña.
“Vamos a pedir a la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, que representa al Estado en todos los procesos que está involucrada Odebrecht y también viene representando al Gobierno Regional de Áncash (GRA), para que vea la forma legal de cómo pedirle al Poder Judicial anular dichos laudos arbitrales”, indicó.
Asimismo, Flores Delgado informó que se ha solicitado al Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios admitirse al GRA como agraviado en el proceso.