Docentes investigados por violencia sexual deben permanecer fuera de las aulas, advierte el Minedu
Andrés Izaguirre, director de Desarrollo Docente, explicó que los docentes deben cumplir funciones administrativas y no pueden estar en contacto con los alumnos mientras dure el proceso.
La República en GoogleEl Ministerio de Educación (Minedu) informó que los profesores investigados por presuntos delitos contra la libertad sexual deben permanecer alejados de los escolares mientras tengan vigente una medida de separación preventiva. Así lo precisó Andrés Izaguirre, director de Desarrollo Docente del sector, al detallar las disposiciones aplicadas para proteger a los estudiantes frente a denuncias de violencia sexual en las instituciones educativas.
La medida se encuentra contemplada en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial y comprende investigaciones por tocamientos indebidos, acoso sexual, acoso mediante plataformas tecnológicas y violación sexual. Según explicó el funcionario, los docentes comprendidos en estos procedimientos no pueden permanecer en las aulas ni mantener contacto con los alumnos, por lo que deben cumplir funciones administrativas hasta que concluya el proceso correspondiente.
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Directores deben separar preventivamente a docentes denunciados en un plazo máximo de 24 horas
Desde 2024, el Minedu dispone del Módulo de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (Módulo PAD), una herramienta que permite reconocer a los profesores sujetos a separación preventiva y emitir alertas sobre su situación administrativa. El sistema busca impedir que los docentes que tienen restricciones vigentes continúen prestando servicios educativos mientras se mantenga el impedimento legal.
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Izaguirre aclaró que esta disposición tiene carácter provisional y no representa una sanción anticipada. Su vigencia se mantiene hasta que finalice el procedimiento administrativo disciplinario o el proceso judicial, según corresponda. Asimismo, recordó que los directores de los colegios deben actuar dentro de las primeras 24 horas posteriores a una denuncia, activar los protocolos de protección y disponer la separación preventiva. También tienen la obligación de comunicar los hechos a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, informar a las autoridades competentes y garantizar la atención y el acompañamiento de la víctima. El incumplimiento de estas responsabilidades puede generar consecuencias administrativas y penales.
Minedu reporta más de 3.400 destituciones por hechos contra la libertad sexual desde 2014
De acuerdo con los registros del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX), entre 2014 y el 14 de septiembre de 2026 se contabilizaron 3.347 procedimientos concluidos con la destitución de docentes por hechos contra la libertad sexual. Esta cifra no incluye los 432 expedientes de profesores investigados que todavía no cuentan con una determinación definitiva y cuya tramitación quedó pendiente de gestiones anteriores.
Dentro de este último grupo, 143 casos ya tienen un procedimiento administrativo disciplinario instaurado, mientras que otros nueve cuentan con un informe final y esperan la resolución que establezca una sanción o absolución, de acuerdo con los elementos de convicción. Más de 300 expedientes continúan en la etapa de ingreso. Para atender este retraso, la actual administración destinó recursos a las Direcciones Regionales de Educación (DRE), con el propósito de contratar especialistas que contribuyan a acelerar las investigaciones.
La evaluación de estos casos corresponde a las comisiones de procesos disciplinarios de las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las DRE, responsables de revisar los expedientes y emitir las resoluciones. El Minedu, como ente rector, establece las disposiciones normativas y brinda asistencia técnica y seguimiento a las instancias encargadas. Cuando identifica expedientes que permanecen demasiado tiempo sin avanzar, solicita explicaciones mediante oficios y requiere mayor celeridad.
El funcionario indicó que la acumulación de procedimientos corresponde a varios años y requiere una labor coordinada entre las entidades responsables. También señaló que no es posible resolver en menos de tres meses una problemática que se arrastra desde administraciones anteriores, aunque aseguró que el sector mantiene acciones para agilizar su atención.
