Áreas naturales protegidas en riesgo: Gobierno de Keiko Fujimori busca modificar ley para facilitar hidrocarburos
El Ejecutivo pidió facultades legislativas al Congreso y, entre sus propuestas, contempla modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para reducir determinadas zonas cuando sean consideradas necesarias para proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Expertos advierten sobre un posible retroceso en la protección del medio ambiente.
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El gobierno de Keiko Fujimori busca modificar las reglas que protegen las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país. La propuesta forma parte del pedido de facultades legislativas enviado al Congreso y plantea cambios orientados a facilitar la inversión privada en el sector hidrocarburos.
Aunque el proyecto presentado por el Ejecutivo tiene un carácter general, su exposición de motivos detalla las modificaciones que pretende impulsar. Entre ellas figura una reforma de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir la reducción física de determinadas áreas cuando sea necesaria para ejecutar proyectos declarados de necesidad pública e interés nacional, incluyendo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
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El Ejecutivo sustenta la propuesta en la caída de las inversiones, especialmente durante la etapa de exploración, y señala a la denominada “tramitología” como uno de los principales obstáculos para el desarrollo del subsector.
Advierten riesgo de retroceso ambiental
La propuesta ha generado preocupación entre especialistas ambientales. José De Echave, economista e integrante de CooperAcción, sostuvo a Mongabay que la aprobación de estas facultades podría marcar un “punto de inflexión” en la política ambiental peruana.
Según explicó, permitir modificaciones de este tipo significaría ingresar en una tendencia regresiva en materia de protección ambiental. Además, advirtió que existe una fuerte presión de sectores privados para ampliar las actividades extractivas en zonas como la cuenca de Madre de Dios.
El especialista señaló que, aunque la iniciativa está planteada para hidrocarburos, una flexibilización de las reglas podría terminar favoreciendo otros tipos de actividades extractivas, incluida la minería informal e ilegal.
Por su parte, el abogado ambientalista César Ipenza recordó al medio que actualmente existen restricciones para desarrollar actividades extractivas en determinadas categorías de áreas protegidas, especialmente en parques nacionales. En ese contexto, alertó que desde el Congreso ya se habían impulsado propuestas para permitir la extracción de gas en zonas como el Parque Nacional del Manu y el Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Ipenza calificó como un grave retroceso cualquier modificación que flexibilice las normas de protección de estas áreas y cuestionó que los cambios puedan terminar beneficiando principalmente a determinados sectores económicos.
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Oposición cuestiona facultades ambientales
Desde el Congreso también surgieron voces de rechazo. La senadora Ruth Luque informó que un grupo de parlamentarios se ha organizado en un Frente Multiparlamentario por un Desarrollo Sostenible y manifestó su oposición a otorgar facultades al Ejecutivo para modificar la legislación ambiental.
La discusión deberá resolverse ahora en el Congreso, donde los parlamentarios tendrán que evaluar si delegan al Ejecutivo la posibilidad de modificar las normas que regulan las Áreas Naturales Protegidas.
El debate adquiere especial relevancia porque las modificaciones propuestas podrían afectar zonas de alto valor ecológico y abrir un nuevo escenario de tensión entre la promoción de inversiones extractivas y la protección de ecosistemas considerados estratégicos para el país.
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