Liberan a dos presuntos agresores de menores en Callao pese a las pruebas: uno admitió su culpabilidad
El Poder Judicial liberó a Edward Honorato Soto y Álvaro Vallejos, a pesar de las evidencias presentadas por la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo ha iniciado una fiscalización tras las decisiones judiciales.
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El Poder Judicial dejó en libertad a Edward Honorato Soto y Álvaro Vallejos, investigados por presuntos delitos de explotación sexual contra menores de edad, pese a que la Fiscalía presentó elementos como denuncias, audios y videos. En el caso de Vallejos, incluso admitió su culpabilidad tras acogerse a una terminación anticipada; sin embargo, también recuperó su libertad.
Las resoluciones judiciales motivaron que la Defensoría del Pueblo iniciara una fiscalización de oficio. Además, familiares de las agraviadas expresaron su preocupación porque las adolescentes deberán volver a participar en diligencias fiscales mientras los investigados afrontan el proceso fuera de prisión.
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¿Por qué quedaron en libertad?
Según la investigación de ATV, el Juzgado de Ventanilla (Callao) rechazó el pedido de prisión preventiva contra Edward Honorato Soto, solicitado por la Fiscalía Especializada en Trata de Personas. El magistrado consideró que existían dudas sobre el consentimiento, debido a que las adolescentes tenían 14 y 15 años.
Sin embargo, la madre de una de las menores denunció que su hija recibió amenazas y fue obligada a mantener relaciones sexuales. Asimismo, el expediente fiscal señala que Honorato utilizaba identidades falsas para captar adolescentes, les ofrecía dinero y las intimidaba con revelar la identidad de sus familiares si no accedían a sus exigencias.
El reportaje también difundió un audio en el que el investigado solicitaba adolescentes de 16 y 17 años. A ello se suman imágenes de cámaras de seguridad que lo registran ingresando a un condominio de Cantacallao junto a menores de edad. Pese a estos elementos, el juez rechazó el requerimiento de prisión preventiva. Actualmente, el magistrado es investigado por los órganos de control.
El segundo caso corresponde a Álvaro Vallejos, intervenido durante un allanamiento realizado en marzo en una vivienda de La Victoria, donde la Policía investigaba una presunta red que captaba escolares. De acuerdo con ATV, la fiscal Evelyn Taboada impulsó una terminación anticipada al considerar que el teléfono del investigado no contenía material comprometedor. Vallejos aceptó expresamente su culpabilidad por el delito imputado, pero quedó en libertad.
El abogado penalista Vladimir Padilla cuestionó esa decisión y sostuvo que una confesión de esa gravedad no debió traducirse en la liberación del acusado.
Tras conocerse ambos casos, la Defensoría del Pueblo inició una fiscalización de oficio. Un representante de la institución expresó su preocupación porque el juez que evaluó el caso de Honorato rechazó la prisión preventiva, pese a que el investigado registraba siete denuncias por violencia contra mujeres.
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